Por: Noel F. Alvarado.
La procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación contra el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, y el procurador General de Justicia del Estado, Fernando Valenzuela, luego de que la defensa del ex tesorero de ese mismo estado Francisco Javier Hernández y de la secretaria de éste, Marles Cupil López, presentara formalmente la denuncia penal ante la PGR por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, amenazas y lo que resulte.
Tras la querella presentada ente la PGR, el abogado Xavier Oléa dijo que se presume que este caso puede tener su origen en alguna presunta confrontación de fuerzas políticas y reiteró que sus defendidos son inocentes de las imputaciones que les hace la procuraduría General de Justicia de Tabasco y el gobierno de ese estado, toda vez que los 88 millones 560 mil 134 pesos, encontrados en una copropiedad de Marles Cupil López, le fueron sembrados por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La denuncia fue presentada por Marlees Cupil López y Francisco Javier Hernández, quienes son trabajadores del ex secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco, José Manuel Sáez, quien ocupó dicho cargo durante la gestión de Andrés Granier.
El penalista Xavier Oléa anunció que la denuncia fue presentada en la PGR, porque no existen garantías para presentarlas en la procuraduría de Tabasco y agregó que sus clientes fueron levantados y golpeados con la intención de vincular al ex tesorero con el hallazgo de los más de 88.5 millones de pesos, que fueron localizados la semana pasada en una refaccionaría que es propiedad de Marlees Cupil.
El abogado penalista reiteró que el dinero encontrado en la casa de Marlees Cupil López, fue sembrado por las autoridades estatales, pues así se lo declaró su cliente, ya que cuando ella fue levantada, el procurador Valenzuela, insistió en que se le quitara a Marlees su celular, mientras que otros 30 agentes bajaban de una camioneta cajas con dinero para dejarlas en la refaccionaría, para después –de supuestamente encontrarlas en ese lugar-, volverlas a cargar en una camioneta blanca en la que los llevaron.
Detalló que cuentan con evidencias, pruebas y el testimonio de un testigo, que observó todo cuando los agentes de la Policía Ministerial del Estado, ingresaron con las cajas con el dinero, las cuales después fueron regresadas a esa camioneta en las que llevaron el dinero.
Recordó que aunado a la denuncia penal que han presentado ya ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador y el procurador de Tabasco, existe la queja CNDH/I/2013/3839/0, iniciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la privación ilegal de la libertad, la tortura y las amenazas de que fueron objeto sus defendidos por "instrucciones directas del gobernador del estado de Tabasco y consecuentemente del procurador General de Justicia de Tabasco.
En la denuncia penal presentada, se encuentra asentado que tanto Marlis Cupil López y Francisco Javier Hernández Hernández, fueron privados de su libertad, torturados y amenazados con la finalidad de que funcionarios del gobierno del Estado de Tabasco recabaran supuestas declaraciones en alguna investigación ministeriales, para las cuales fueron torturados y obligados a firmar sin conocer realmente su contenido, en virtud que jamás rindieron volutariamente.
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