Eliminar el secreto bancario en deuda pública para evitar la
simulación y la impunidad en entidades federativas de los tres
niveles, propusieron las legisladores perredistas Aleida Alavez Ruiz y
Dolores Padierna ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Aleida Alavez Ruiz explicó que es tiempo de terminar con el
impedimento legal que imposibilita al Congreso de la Unión el
ejercicio de sus funciones para responsabilizar a las entidades
federativas, municipios, integrantes del sistema financiero y
calificadoras crediticias que llegaran a cometer alguna falta en
perjuicio del interés público.
Advirtió que no puede haber reforma financiera ni fiscal sin plena
transparencia de los recursos públicos.
Es impostergable que los representantes populares conozcamos a cuánto
asciende la deuda pública de los estados y municipios, a qué se
destinó y los términos en que se contrató. Ello, para determinar si no
fueron malversados en perjuicio de la población, aseguró.
Su propósito, agregó, es proporcionar herramientas al Congreso de la
Unión, legislaturas estatales para conocer operaciones crediticias de
corto y largo plazo que realizan los estados, municipios, el Distrito
Federal y sus 16 delegaciones. Además, los organismos públicos,
empresas de participación estatal o municipal y los fideicomisos en
los que el fideicomitante sea alguno de los entes señalados.
Afirmó que esta iniciativa obedece a que la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores se declaró impedida legalmente a responder al Congreso de
la Unión que en enero pasado solicitó un informe completo y
actualizado de las operaciones crediticias de largo y corto plazos que
han realizado los estados y municipios, así como sus organismos
descentralizados.
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