la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley
con proyecto de decreto para reformar el artículo 17 bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en lo
concerniente a la elección y designación de funcionarios públicos, así
como en el establecimiento de mejores condiciones para la operación
transparente de los programas públicos.
Advierte que "los principales señalamientos giran respecto de la
actuación política de los delegados federales y, por otra parte, sobre
deficiencias de los programas federales en cuanto a su opacidad, falta
de mecanismos de queja ciudadana e incumplimiento de las limitantes
establecidas en las delegaciones estatales, así como la reiterada
falta de imparcialidad de los delegados federales que son cuestionados
frecuentemente por intervenir por motivos políticos.
"Podemos identificar que en el 2010, los legisladores del PRI que
actuaban como fuerza opositora, reclamaron con energía la falta de
perfil profesional y el conflicto de intereses políticos que se
generaba con el nombramiento de personas que tenían vínculos e
intereses partidistas, en las entidades donde representaban a la
federación.
"Esa queja es la esencia de lo que en la actualidad se señala en el
caso de Veracruz. Los funcionarios federales no se limitan a
desarrollar sus funciones administrativas, sino que usan los recursos
a su alcance para tratar de influir en los procesos electorales. De
manera que para dar una solución de mayor profundidad se requiere no
sólo del ceses de los responsables o de la conclusión de las
actividades de cada caso, sino ir más allá para tomar medidas que
modifiquen el fondo del problema," aseguró.
Apuntó que la propuesta de modernizar esta ley se sustenta en "la
intención de mejorar los requisitos que deben reunir las personas que
sean designadas como delegados federales y establecer mejores
condiciones generales para la operación transparente de los programas.
Asimismo, se subraya que dicha modificación legislativa permitiría
crear condiciones de transparencia en la operación de los programas
sociales, mejorando la oportunidad y calidad de la información
pública, así como crear mecanismos de queja por parte de la
ciudadanía.
Por otra parte, se explica que la redacción de la ley vigente es
imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales, ambigua respecto
de la experiencia administrativa y omisa en cuanto al distanciamiento
de los cargos partidarios y los puestos de elección popular.
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