Desaparición de personas, reto importante para el gobierno mexicano

miércoles, 5 de junio de 20130 comentarios

Por: Noel F. Alvarado.


El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y representa uno de los retos importantes para las autoridades del Estado mexicano.

Al participar en el "Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México", reiteró el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de trabajar en estrecha colaboración y coordinación institucional para establecer políticas públicas eficaces de prevención de este delito de lesa humanidad.

Hizo un llamado para diseñar programas de acción común para que las autoridades del Estado mexicano y la sociedad trabajen unidos con el fin de hacer efectivos los derechos a la verdad y a la justicia.

Ante Rubén Moreira Valdez,gobernador de Coahuila; Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el presidente de la CNDH celebró la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Esta nueva instancia, señaló, representa un primer paso en la atención del problema, pero resulta insuficiente ante el cúmulo de casos pendientes de investigación.

Por ello recomendó a los servidores públicos que participarán en esta tarea, y los que ya lo hacen en las entidades federativas, cumplir a cabalidad su obligación en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

"Que no quede un solo asunto sin investigar y ninguna víctima sin atender", expresó el doctor Plascencia Villanueva, al reiterar que las autoridades competentes deben asumir el compromiso de buscar a las personas desaparecidas y llevar a los responsables ante los tribunales.

En el Paraninfo del Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila, que congregó a familiares de personas desparecidas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que "México no tolera una sola desaparición más", por lo que las instituciones del Estado mexicano, fundamentalmente aquéllas encargadas de la investigación del delito, requieren recuperar la confianza de la ciudadanía ante los pocos o nulos resultados que han mostrado en esta materia.

Informó que la CNDH investiga dos mil 443 casos en los que hay indicios de la posible participación de agentes del Estado y en 30 de ellos ha acreditado la intervención de servidores públicos, sin que exista el mismo número de responsables por tales abusos tras las rejas.

Tiene registrados además, 24 mil 800 asuntos de personas cuyo paradero se desconoce y cuyos amigos y familiares no han encontrado en las autoridades del Estado mexicano una respuesta eficaz en su búsqueda y localización.

Durante su gira de trabajo, Plascencia Villanueva encabezó también la firma del "Pacto Municipalista" entre la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y los 38 Municipios que conforman la entidad.

Ahí expresó su satisfacción por lograr este acuerdo que permitirá trabajar de manera coordinada en la capacitación a personal de la administración municipal, que es la que tiene el contacto más cercano con los ciudadanos y sus necesidades.

Asimismo, encabezó la firma de varios acuerdos, entre otros un Convenio General de Colaboración con el Poder Ejecutivo de la entidad; otro Acuerdo Específico de Colaboración en materia de Capacitación y Certificación  de Servidores Públicos del gobierno estatal.

Suscribió convenios de colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente local, con los Poderes Legislativo y Judicial del estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, y diferentes organizaciones no gubernamentales de la región.

Los convenios tienen por objeto establecer las bases de colaboración y apoyo en proyectos relacionados con la capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos dirigidos, a servidores públicos municipales y estatales lo mismo que a la sociedad en general.
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