Presenta Procurador libro Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo de la PGJDF

martes, 18 de junio de 20130 comentarios

*Elaborado y coeditado con la ONU-DH México. GDF acorde con parámetros mundiales en la materia; trabaja en 2,400 líneas de acción


 
Por: Noel F. Alvarado.
 

            La protección a los derechos humanos ha significado para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una oportunidad de seguir  innovando para mantenerse a la vanguardia en la defensa de la dignidad humana, aseguró el licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza al presentar el libro intitulado Indicadores sobre el derecho a un juicio justo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, elaborado y coeditado con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

            En el auditorio Maestro Carlos Franco Sodi y en presencia del representante de la ONU-DH México, Alejandro Hernández Valencia, el Procurador capitalino subrayó que el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, ha adoptado progresivamente los principios rectores en materia de derechos humanos, de acuerdo con los parámetros  internacionales. 

            El Gobierno de la ciudad, dijo, ha asumido una manifestación de la democracia al diseñar políticas públicas desde una perspectiva que integra los derechos fundamentales a través de dos mil 400 líneas de acción incluidas en el Programa de Derechos Humanos que se elaboró para la capital del país.

 Al agradecer el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto en la elaboración como en la coedición de la obra, Ríos Garza señaló que el texto propone instrumentos de mejora cualitativos para evaluar el desempeño de cada una de las áreas de la institución, además de medir la calidad de los procesos de capacitación, la atención a la salud de los servidores públicos, así como sus condiciones laborales y materiales. 

            Esto permitirá contar con parámetros eficaces para cuantificar los tiempos de integración en las averiguaciones previas hasta su conclusión, incluidas las actuaciones y diligencias durante su integración, además de evaluar con mayor precisión si la actuación de los agentes del Ministerio Público se ajusta a garantizar los derechos de las víctimas, ofendidos y probables responsables, enfatizó. 

            Con estas acciones –subrayó el titular de la PGJDF– se promueve el respeto a las libertades y la seguridad jurídica de las personas, transformándose de esta manera en políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Al fortalecer el debido proceso en materia penal en su carácter de garantía y de derecho humano, consideró que se protege uno de los bienes más preciados de las personas: la libertad. 

            Acompañado también de la titular de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mila Paspalanova, y del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Distrito Federal, Óscar Guerra Ford, el Procurador capitalino dijo que con la creación de metodologías e indicadores permitirán evaluar constantemente la protección de este derecho. 

Son herramientas fundamentales para alcanzar el logro de los fines desde su denominación distingue a esta dependencia: procurar justicia, resaltó. 

Finalmente, dijo que la elaboración de los indicadores sobre el derecho a un juicio justo derivará también en procesos de capacitación de servidores públicos orientados a mejorar las actividades sustantivas y el fortalecimiento de la calidad en el trabajo y el desempeño del Ministerio Público en la capital del país. 

A la presentación de la obra asistieron, entre otros, los subprocuradores  Jurídico, Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, Jorge Antonio Mirón Reyes, Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido Osorio; Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Sulma Eunice Campos Mata, así como fiscales y representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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