El Estado mexicano puede y debe generar política pública en materia preventiva, con el cuidado de que se garanticen todos y cada uno de los derechos de las personas para lograr el fortalecimiento de las instituciones públicas e impulsar el desarrollo del país.
En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, en la segunda década del Siglo XXI es lograr la actividad institucional para que la autoridad refuerce el tema de los derechos humanos con el fin de ampliar y consolidar su vigencia.
Su respeto se traducirá en una mayor Cultura de la Legalidad, reconstruirá el tejido social aún dañado y propiciará un nuevo ambiente de convivencia social.
Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Estadística de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2011, en México hubo cinco mil 718 suicidios, mientras que en 2010 se registraron cinco mil doce suicidios en el territorio nacional y en el período de 1990 a 2010 la cifra prácticamente se duplicó: De 2.3 a 4.5 suicidios por cada cien mil habitantes.
Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio se quitan la vida alrededor de tres mil personas al día; cada 30 segundos, una persona que se mata a sí misma afecta su entorno familiar y social. Por cada persona que comete suicidio, 20 más lo intentan.
Durante los últimos 50 años, las cifras han aumentado en un 60 por ciento y lo hacen adultos y personas mayores de 60 años o más, mientras que los suicidios notificados representan una de las tres principales causas de muerte entre la población de 15 a 34 años de edad.
Para este Organismo nacional, el incremento en el número de víctimas de suicidio, lo hace un asunto de salud pública que debe atenderse de manera expedita.
Asimismo, impulsar una política de Estado en materia de derechos humanos, con una visión de mejora de eficacia y eficiencia en las instituciones del país, con una política basada en la prevención del delito y la violación de los derechos de las personas.
La estrategia debe contemplar el generar una conciencia colectiva para respetar, defender y garantizar los derechos humanos, basado en una intensa promoción y resguardo de la dignidad, prerrogativas y facultades de las personas.
Su observancia es un requisito fundamental para preservar la paz y fomentar el desarrollo, al considerar una visión global en el respeto de los de los derechos individuales, políticos, civiles, colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Los órganos del Estado deben intervenir, la suma de esfuerzos institucionales tendrán que incorporar los derechos humanos en los procesos de formación y capacitación de los servidores públicos.
Generar conciencia entre la sociedad misma para promover la Cultura de la Legalidad, que considera tanto los derechos como los deberes que tienen los integrantes de la comunidad mexicana y a los que están obligados autoridades y ciudadanos.
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