Por: Ruly Lozano
El dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Francisco Jiménez Pablo afirmó que al avalar el desalojo de maestros del Zócalo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se convirtieron en "comparsas del Gobierno Federal y del Distrito Federal" y ahora los dirigentes y movimientos sociales "quedamos en total indefensión" ante la política de "criminalización y del garrote que emprenderá el Ejecutivo Federal y el de la ciudad de México.
El operativo policiaco llevado a cabo ayer en la Plaza de la Constitución para desalojar el campamento del magisterio fue una aberración utilizar la fuerza pública para resolver un conflicto social y sobre todo buscar la comparsa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal.
"Avalar esta acción solo demuestra que hay una actitud de comparsa del organismo de derechos humanos que ha creado el estado lo que no pasa en otros países por ejemplo en Europa donde los organismos de derechos humanos juegan un papel de autonomía y vigilancia de los derechos humanos", puntualizó el dirigente de la CNPA-MN.
A juicio de Francisco Jiménez Pablo el caso mexicano han servido más que nada para legitimar en los últimos años y jugar un papel de comparsa con el Estado mexicano legitimando el uso de la fuerza y sobre todo planteando que se hace con apego a los derechos humanos, por lo que consideramos que hay un verdadero retroceso en materia de política y de derechos humanos en el país lo que hace el Presidente Enrique Peña Nieto y el organismo de derechos humanos.
Ante tales acciones policiacas los dirigentes y movimientos sociales quedamos en total indefensión pues y hoy más que nunca se tienen que pronunciar los organismos no gubernamentales porque "creo que son los únicos organismos que realmente tienen legitimación y vocación de defensa de los derechos humanos y hay una posición de vulnerabilidad del movimiento social tanto de los dirigentes como de la base sociales".
En este momento que esperanza hay para los movimientos sociales puedan realizar denuncias en el marco institucional "definitivamente no lo hay" puesto que estos organismos oficiales como la CNDH y CDHDF, están jugando un papel de comparsa por lo que la criminalización que el estado mexicano ha venido haciendo en los últimos años y que hoy se ratifica con mayor crudeza con el gobierno de Enrique Peña Nieto nos deja en la pura vulnerabilidad, denunció Francisco Jiménez Pablo.
Ante los hechos ocurridos en la capital del país, La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) rechaza y condena enérgicamente el uso de la fuerza pública en el desalojo contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) efectuada en el Zócalo de la Ciudad de México.
La represión contra el movimiento social no es raro ya que a la vez que sucedía el desalojo en la capital del país, de manera simultánea los gobiernos estatales realizaban el desalojo de plazas públicas locales, así también avanzo la represión en varios estados. En Guerrero por ejemplo, detuvieron al líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero (CETEG), Minervino Morán Hernández y su acompañante Mario Zamora por haberse movilizado recientemente, de los cuales exigimos su pronta libertad.
Opinó el dirigente de la CNPA-MN que acciones de la clase política como la aprobación en el Congreso de Leyes propuestas por el Poder Ejecutivo Federal, casi sin discusión ni debate, demuestran que la mayoría de los legisladores, sobre todo de los Partidos que forman parte del Pacto por México, se han subordinado al Poder Ejecutivo.
Así pues, un Congreso de la Unión sumiso, un Poder Judicial contrario a las aspiraciones de Justicia, y Comisiones de Derechos Humanos avalando la represión y desalojo, demuestran todos en conjunto, un contexto generalizado de decisiones de Estado en contra de personas, grupos y organizaciones que luchan y se manifiestan contra la injusticia y contra políticas contrarias al interés popular.
Todo nos demuestra que se trata de una agresión generalizada e institucionalizada contra el pueblo que se organiza y lucha por sus derechos, denunció Francisco Jiménez Pablo.
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