Por: Noel F. Alvarado.
Para mantener su lucha contra la corrupción, la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), entregó a la Contraloría Interna la documentación necesaria para que se investiguen probables irregularidades atribuibles a servidores públicos que expidieron certificados relacionados con la Norma General de Ordenación 26.
José Guadalupe Medina Romero, Director General de Asuntos Jurídicos, informó que, como parte de la estrecha colaboración con el Órgano Interno de Control en la SEDUVI, se entregó la documentación relacionada con los certificados de uso de suelo expedidos bajo la citada Norma 26, que en este momento están sujetos a demanda.
Se trata de los seis juicios de lesividad investigados en la DGAJ que corresponden a los predios Coatzintla 9, en la colonia San Jerónimo Aculco, y la Presa 176, en la colonia San Jerónimo Lídice, ambas en la delegación Magdalena Contreras; Rada 44 y Marisma 54, delegación Álvaro Obregón; Playa Langosta s/n, manzana 39, lote 7, colonia Reforma Iztaccihuatl, delegación Iztacalco, y Palomas 92, colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo.
El objetivo, explicó Medina Romero, es que se determinen los procedimientos administrativos de responsabilidad para, en su caso, encontrar elementos que acrediten conductas irregulares por quienes expidieron los certificados, aunado, a las demandas de lesividad presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF).
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