Adoptó "sistemáticamente" políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños a lo largo de décadas, apunta informe del organismo; llama a la Santa Sede a abrir sus archivos de pederastas y obispos que ocultaron sus crímenes
CIUDAD DEL VATICANO, 5 de febrero (OEM-AP).- El Vaticano "sistemáticamente" adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños a lo largo de décadas, denunció el miércoles un comité de derechos humanos de la ONU, que también llamó a la Santa Sede a abrir sus archivos de pedófilos y los obispos que ocultaron sus crímenes.
En un devastador informe, el comité criticó severamente al Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad, la planificación familiar y el aborto, y pidió que se revisen sus políticas para asegurar que se protejan los derechos de los niños y su acceso a la salud. El Vaticano rápidamente objetó el reporte.
El informe renueva la presión sobre el papa Francisco para avanzar decididamente a la hora de hacer frente a los abusos y cumplir las promesas de crear una comisión del Vaticano para estudiar los abusos sexuales y recomendar las mejores prácticas para luchar contra ellos. La comisión fue anunciada en el fragor del momento en diciembre, pero pocos detalles se han conocido desde entonces.
El comité emitió sus recomendaciones tras someter a un enviado del Vaticano a un interrogatorio que duró un día entero el mes pasado en el marco de la revisión a la forma en que la Santa Sede cumple con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, el tratado clave que protege las garantías de los menores, ratificado por la Santa Sede en 1990.
Fundamentalmente, el comité rechazó el argumento de larga data del Vaticano de que no controla a los obispos o sus sacerdotes abusivos, al afirmar que la Santa Sede era responsable de aplicar tratados no sólo en el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino en todo el mundo "como el poder supremo de la Iglesia Católica a través de las personas y las instituciones puestas bajo su autoridad".
La ONU fustigó el "código de silencio" que se adoptó para silenciar a las víctimas y dijo que la Santa Sede "sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños". Pidió a la jerarquía católica que compense a las víctimas y llame a rendir cuentas no sólo a quienes abusaron sino también a quienes encubrieron los crímenes.
"El comité está sumamente preocupado de que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para atender los casos de violaciones contra niños y proteger a los menores, y ha adoptado políticas y prácticas que llevaron a la continuación del abuso y la impunidad de quienes lo perpetraron", dice el informe.
Pidió que la naciente comisión papal para investigar los abusos realice una indagatoria independiente de todos los casos de abuso cometidos por sacerdotes y de la forma en que la Iglesia respondió, también llamó al Vaticano a establecer reglas claras para reportar esos casos en forma obligatoria ante la policía e impulsar leyes que permitan a las víctimas reportar crímenes aún después de que haya vencido el plazo para denunciar esos hechos.
CIUDAD DEL VATICANO, 5 de febrero (OEM-AP).- El Vaticano "sistemáticamente" adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños a lo largo de décadas, denunció el miércoles un comité de derechos humanos de la ONU, que también llamó a la Santa Sede a abrir sus archivos de pedófilos y los obispos que ocultaron sus crímenes.
En un devastador informe, el comité criticó severamente al Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad, la planificación familiar y el aborto, y pidió que se revisen sus políticas para asegurar que se protejan los derechos de los niños y su acceso a la salud. El Vaticano rápidamente objetó el reporte.
El informe renueva la presión sobre el papa Francisco para avanzar decididamente a la hora de hacer frente a los abusos y cumplir las promesas de crear una comisión del Vaticano para estudiar los abusos sexuales y recomendar las mejores prácticas para luchar contra ellos. La comisión fue anunciada en el fragor del momento en diciembre, pero pocos detalles se han conocido desde entonces.
El comité emitió sus recomendaciones tras someter a un enviado del Vaticano a un interrogatorio que duró un día entero el mes pasado en el marco de la revisión a la forma en que la Santa Sede cumple con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, el tratado clave que protege las garantías de los menores, ratificado por la Santa Sede en 1990.
Fundamentalmente, el comité rechazó el argumento de larga data del Vaticano de que no controla a los obispos o sus sacerdotes abusivos, al afirmar que la Santa Sede era responsable de aplicar tratados no sólo en el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino en todo el mundo "como el poder supremo de la Iglesia Católica a través de las personas y las instituciones puestas bajo su autoridad".
La ONU fustigó el "código de silencio" que se adoptó para silenciar a las víctimas y dijo que la Santa Sede "sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños". Pidió a la jerarquía católica que compense a las víctimas y llame a rendir cuentas no sólo a quienes abusaron sino también a quienes encubrieron los crímenes.
"El comité está sumamente preocupado de que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para atender los casos de violaciones contra niños y proteger a los menores, y ha adoptado políticas y prácticas que llevaron a la continuación del abuso y la impunidad de quienes lo perpetraron", dice el informe.
Pidió que la naciente comisión papal para investigar los abusos realice una indagatoria independiente de todos los casos de abuso cometidos por sacerdotes y de la forma en que la Iglesia respondió, también llamó al Vaticano a establecer reglas claras para reportar esos casos en forma obligatoria ante la policía e impulsar leyes que permitan a las víctimas reportar crímenes aún después de que haya vencido el plazo para denunciar esos hechos.
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