Arturo R. Pansza
En lugar de criminalizar a los adictos, en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha priorizado garantizar la salud pública, además de fortalecer los mecanismos de justicia alternativa y apoyar programas para minimizar el consumo de drogas entre los jóvenes, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al inaugurar el Foro Internacional de Políticas de Drogas, a fin de entender lo que representa el fenómeno del narcotráfico, el funcionario refirió que es indispensable privilegiar el tratamiento de los adictos, ante el hecho de que el uso de los estupefacientes ha generado que más personas sean detenidas en las cárceles sin que se produzca una solución al tema.
Señaló que México aplica políticas públicas para prevenir el consumo de drogas entre los menores de edad y atender a los consumidores, a la vez que acotó que no se ha descuidado el combate al crimen organizado y que, el gobierno ha puesto énfasis en la política de prevención del delito, porque es más barato prevenir que paliar los daños provocados por los delincuentes.
Y declaró: "por ello es que estamos desarrollando acciones en todo el país de manera muy importante en Michoacán para a partir del origen de la violencia, reducir estos niveles y conseguir la meta que nos hemos planteado que es un México en paz".
Se pronunció por evaluar las consecuencias de legalizar las drogas, en términos de consumo, violencia, salud y finanzas públicas, ya que millones de personas se ven implicados, desde mujeres, niños, productores, traficantes, delincuentes, políticos, policías, fiscales, jueces, médicos, psicólogos y consumidores potenciales.
En el marco del foro, organizado por la Cámara de Diputados, indicó que de todas las medidas, la reclusión para quienes las consumen es la menos conveniente, por lo que se requiere analizar figuras como los tribunales de tratamiento de adicciones, que ya funcionan en Nuevo León y Morelos.
Dijo que las drogas representan uno de los asuntos más complejos de nuestro tiempo, ya que durante el 2012, 324.000,000 de personas consumieron, por lo menos, una vez alguna droga ilícita, principalmente cannabis, opioides, cocaína o estimulantes tipo anfetamina, mientras que el consumo para quienes ya sufren trastornos o son dependientes se calculó en 39.000,000 de afectados.
Definió que en el país se analiza la forma en que debe abordarse el consumo de drogas legales e ilegales, donde la política pública en la materia pone el énfasis en salud pública, por lo que "estamos poniendo atención a las políticas de reducción de la demanda, sin descuidar el control de la oferta".
Pugnó por privilegiar el tratamiento de adictos antes de su reclusión, la no criminalización de los consumidores, porque esto ha generado una sobrepoblación penitenciaria, por lo que se requieren programas que atiendan el tratamiento de las personas con problemas de adicción.
Campa Cifrián aseveró que la denominada Ley de Narcomenudeo abrió un espacio para que las entidades adopten diversos parámetros en la materia, tanto en términos de criterios jurídicos como de procedimientos vigentes para perseguir los delitos de posesión y narcomenudeo, así como atender a los consumidores y por ello se estima hacer un análisis por entidad federativa.
En lugar de criminalizar a los adictos, en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha priorizado garantizar la salud pública, además de fortalecer los mecanismos de justicia alternativa y apoyar programas para minimizar el consumo de drogas entre los jóvenes, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al inaugurar el Foro Internacional de Políticas de Drogas, a fin de entender lo que representa el fenómeno del narcotráfico, el funcionario refirió que es indispensable privilegiar el tratamiento de los adictos, ante el hecho de que el uso de los estupefacientes ha generado que más personas sean detenidas en las cárceles sin que se produzca una solución al tema.
Y declaró: "por ello es que estamos desarrollando acciones en todo el país de manera muy importante en Michoacán para a partir del origen de la violencia, reducir estos niveles y conseguir la meta que nos hemos planteado que es un México en paz".
Se pronunció por evaluar las consecuencias de legalizar las drogas, en términos de consumo, violencia, salud y finanzas públicas, ya que millones de personas se ven implicados, desde mujeres, niños, productores, traficantes, delincuentes, políticos, policías, fiscales, jueces, médicos, psicólogos y consumidores potenciales.
En el marco del foro, organizado por la Cámara de Diputados, indicó que de todas las medidas, la reclusión para quienes las consumen es la menos conveniente, por lo que se requiere analizar figuras como los tribunales de tratamiento de adicciones, que ya funcionan en Nuevo León y Morelos.
Definió que en el país se analiza la forma en que debe abordarse el consumo de drogas legales e ilegales, donde la política pública en la materia pone el énfasis en salud pública, por lo que "estamos poniendo atención a las políticas de reducción de la demanda, sin descuidar el control de la oferta".
Pugnó por privilegiar el tratamiento de adictos antes de su reclusión, la no criminalización de los consumidores, porque esto ha generado una sobrepoblación penitenciaria, por lo que se requieren programas que atiendan el tratamiento de las personas con problemas de adicción.
Campa Cifrián aseveró que la denominada Ley de Narcomenudeo abrió un espacio para que las entidades adopten diversos parámetros en la materia, tanto en términos de criterios jurídicos como de procedimientos vigentes para perseguir los delitos de posesión y narcomenudeo, así como atender a los consumidores y por ello se estima hacer un análisis por entidad federativa.
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