Noel F. Alvarado.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Edgar Elías Azar, propuso hoy, ante gobernadores, el establecimiento de un fondo para los poderes judiciales locales, a fin de que, de forma automática y sin necesidad de negociaciones, que en ocasiones se tornan humillantes y de facto derrotan la soberanía de la jurisdicción, se canalicen recursos para la operación del nuevo sistema de justicia penal.
Al ahondar en esta propuesta, consideró que este fondo puede integrarse con los subejercicios y economías generadas por instituciones públicas que, por cualquier motivo, no han estado en posibilidades de erogar sus asignaciones en tiempo y forma.
En la inauguración del foro La Comisión Nacional de Gobernadores ante el sistema de justicia penal y la oralidad, el magistrado puntualizó que el citado fondo sería similar al de aportaciones para el fortalecimiento de municipios y delegaciones, que incluso está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, y mediante el que se respeta la autonomía de los ayuntamientos como unidad política y administrativa.
"Los poderes judiciales locales reclamamos un trato idéntico, a fin de que todos los juzgadores del país podamos cumplir con las altas responsabilidades que tenemos encomendadas, y poder abonar a la reconstrucción institucional de fondo que la sociedad demanda", dijo Elías Azar ante los gobernadores de Durango, Jorge Herrera Caldera; de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz.
En la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, añadió que los poderes judiciales de las entidades exigen que se reconozca que no son más, pero desde luego tampoco menos, que los órganos a los que se les ha otorgado plena autonomía de hecho, y no sólo en el discurso.
"Si la razón de fondo para otorgar este trato a los municipios y órganos constitucionales autónomos como el IFAI y el Instituto Nacional Electoral es la importancia de que sus resoluciones sean neutrales y fuertes, la misma razón, y hasta una mayoría de razón, debe prevalecer en el régimen jurídico de los tribunales locales", recalcó.
Elías Azar subrayó la importancia de enfatizar que no se trata de cargar más el gasto público ni de pedir más dinero. "Estamos cansados de escuchar los mismos argumentos que se centran en la parte de la insuficiencia financiera sin proponer soluciones", reconoció.
Por ello, pidió canalizar las economías y subejercicios de instituciones públicas al fondo propuesto, mediante una aplicación de la que se excluyan consideraciones de coyuntura política y electoral, para garantizar la operación permanente de la reforma al sistema de justicia penal.
A su vez, el gobernador Herrera Caldera, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), reafirmó el compromiso de esa organización con el establecimiento del nuevo sistema de justicia penal, y resaltó la importancia del trabajo coordinado entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
Por su parte, el gobernador Duarte Jáquez destacó los beneficios de la oralidad en la justicia, con la que se logran mayores niveles de transparencia, confiabilidad y certidumbre para la sociedad, a la vez que combate la impunidad y la corrupción.
El gobernador Olvera Ruiz, en tanto, planteó el reto de vencer resistencias, frente a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la necesidad lograr el mandato constitucional de una justicia auténticamente expedita.
En el acto, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, señaló que a menos de dos años de la entrada en vigor de la reforma al sistema de justicia penal, es tiempo de fortalecer los mecanismos y esquemas de cooperación, ya que sólo de esa forma un proyecto de tal naturaleza se puede consolidar de manera exitosa.
La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, comentó, a su vez, que, hasta ahora, 22 entidades ya tienen implementado, de manera total o parcial, el sistema de justicia penal con oralidad, y que se espera que, al final del año, se llega a 28.
Publicar un comentario