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Las modificaciones a la Ley de Vivienda aprobadas por el Senado de la República, ponen fin a la construcción de desarrollos habitacionales inseguros, precarios y desordenados lo que permitirá cumplir cabalmente con el derecho constitucional de los trabajadores de acceso a una vivienda segura, digna y económica que sea parte medular de su patrimonio familiar, enfatizó el senador del PRI, Isaías González Cuevas.
En entrevista el líder de la Croc recordó que como integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, promovió junto con su bancada, modificaciones a los artículos 2,6, 8, 71 y 30 de la Ley de Vivienda para que todo nuevo desarrollo habitacional quede al margen de zonas de riesgo y cumpla con los estándares internacionales de seguridad y calidad.
Por igual, las reformas implican que el sector sindical tendrá representación en el Consejo Nacional de Vivienda para la planeación, formulación y ejecución de la política habitacional, lo que permitirá tutelar más estrictamente los derechos de los trabajadores en la adquisición de una vivienda de interés social.
González Cuevas enfatizó que estas reformas se suman a las que en octubre pasado presentó para que los desarrolladores se apeguen a las nuevas reglas de espacio mínimo habitable, es decir que la superficie de cada vivienda tenga relación directa con el número de habitantes para garantizar comodidad, seguridad y sana convivencia.
El senador priista por Baja California Sur, subrayó que con estas modificaciones legales, no sólo se garantiza el acceso de los trabajadores a una vivienda digna, de calidad y económica, sino que deberán quedar fuera de zonas de riesgo de inundaciones o deslaves de manera que ante cualquier fenómeno meteorológico este salvaguardada la seguridad y patrimonio de las familias.
Refirió que con las adecuaciones a la Ley de Vivienda, ya no se ofertarán casas disfuncionales, de mala calidad o sin conectividad con los centros escolares, de trabajo o de abastecimiento, lo que ha provocado el abandono de cinco millones de unidades que significa pérdida de patrimonio de los trabajadores y la imposibilidad de acceder a una vivienda que cumpla con las expectativas de un mejor nivel de vida.
El legislador y dirigente nacional de la CROC enfatizó que por ser la vivienda el centro de convivencia y principal patrimonio de las familias trabajadoras, también impulso a principios de año una reforma al artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) destinada a implementar un nuevo sistema de cobranza social que permita al trabajador renegociar directamente sus adeudos sin ser víctimas de acoso u hostigamiento por parte de despachos de cobranza.
A este nuevo esquema de cobranza del Infonavit se pueden acoger trabajadores que registren retrasos en el pago de su hipoteca ya sea por pérdida de empleo o disminución de sus ingresos económicos pues la prioridad es que conserven su patrimonio familiar ante cualquier contingencia económica.
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