El Partido Encuentro Social (PES) advierte sobre la urgente necesidad de que los tres niveles de Gobierno investiguen probables casos de Trata de Personas, abuso sexual y laboral en todo el país, así como llevar a cabo campañas de difusión para denunciar hechos como el ocurrido en Jalisco, donde 129 personas eran víctimas de explotación laboral por parte de una empresa sudcoreana. |
Hugo Eric Flores, dirigente del PES, exhortó a los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, a investigar de manera exhaustiva situaciones similares en sus entidades, donde se han reportado abusos por parte de empresas extranjeras y nacionales que cometen este tipo de ilícitos al amparo de la ley.
"Lamentablemente hoy sale a la luz este hecho en el que se denuncia un delito de maltrato infantil, corrupción de menores y tráfico de personas, sin embargo, no se trata de hecho aislado, sino de una forma recurrente de operar de un sinnúmero de empresas amparadas por la corrupción de autoridades de los distintos órdenes de gobierno", denunció el dirigente del PES.
El llamado, dijo, va más allá de la simple denuncia, es una exigencia para que el Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades estatales y municipales, abran canales de comunicación con las probables víctimas de Trata de Personas para que denuncien estos hechos de una manera anónima y se realicen las investigaciones correspondientes de manera inmediata, para erradicar esta práctica que lacera a la sociedad.
De acuerdo a un estudio presentado en noviembre del año pasado, nuestro país ocupa el cuarto lugar en esclavitud moderna en todo el Continente, con cerca de 267 mil personas que son víctimas de explotación laboral, sexual, matrimonio forzado, entre otros abusos.
Flores Cervantes agregó que, casos como el de la empresa Yes Internacional, es uno de los muchos que ocurren en México, y que las autoridades permiten su operación pese a las denuncias que habían recibido.
Finalmente, refirió que en nuestro país se tienen documentados casos de explotación laboral y sexual en los Estados de Puebla y Chihuahua, en este último en las ciudades de Ciudad Juárez y Parral con un saldo de más de 70 víctimas entre menores de edad y mujeres, donde sólo cinco personas fueron detenidas.
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