Patricia Carrasco
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó que cuando se violenta a los ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, el Estado será responsable de reparar el daño causado y realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan.
Durante la firma de un convenio de colaboración, en la que estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó que cuando se incurra en violación a derechos humanos se debe colocar a la víctima en el eje de atención.
trato diligente y sensible
La reforma en materia de derechos humanos debe ser complementada con políticas públicas y sociales que generen mayor justicia, dijo González Pérez.
Se le debe dar un trato, precisó el ombudman González Pérez, diligente y sensible, para lo cual se requieren programas de atención, orientación y asesoría jurídica, con el fin de que tenga acceso a la reparación integral del daño y se le brinde atención médica, psicológica y asistencial de manera directa o en colaboración con instancias públicas y privadas.
El convenio, firmado también por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tiene el objetivo de concertar acciones de colaboración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen los mecanismos necesarios para la promoción y defensa de los derechos humanos, conforme al nuevo marco constitucional.
González Pérez manifestó que la reforma en derechos humanos debe ser completada con políticas públicas y sociales de acceso a la justicia, ya que es elemental garantizar que los más vulnerables y los que padecen del abuso del poder, puedan acceder ante la instancia correspondiente a defender sus derechos humanos.
El ombudsman nacional subrayó que el derecho a la reparación integral comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación, tales como la rehabilitación, compensación y satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación, y las garantías de no repetición
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El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó que cuando se violenta a los ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, el Estado será responsable de reparar el daño causado y realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan.
Durante la firma de un convenio de colaboración, en la que estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó que cuando se incurra en violación a derechos humanos se debe colocar a la víctima en el eje de atención.
trato diligente y sensible
La reforma en materia de derechos humanos debe ser complementada con políticas públicas y sociales que generen mayor justicia, dijo González Pérez.
Se le debe dar un trato, precisó el ombudman González Pérez, diligente y sensible, para lo cual se requieren programas de atención, orientación y asesoría jurídica, con el fin de que tenga acceso a la reparación integral del daño y se le brinde atención médica, psicológica y asistencial de manera directa o en colaboración con instancias públicas y privadas.
El convenio, firmado también por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tiene el objetivo de concertar acciones de colaboración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen los mecanismos necesarios para la promoción y defensa de los derechos humanos, conforme al nuevo marco constitucional.
González Pérez manifestó que la reforma en derechos humanos debe ser completada con políticas públicas y sociales de acceso a la justicia, ya que es elemental garantizar que los más vulnerables y los que padecen del abuso del poder, puedan acceder ante la instancia correspondiente a defender sus derechos humanos.
El ombudsman nacional subrayó que el derecho a la reparación integral comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación, tales como la rehabilitación, compensación y satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación, y las garantías de no repetición
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