Amnistía Internacional México, en coordinación con otras organizaciones civiles, emplazó al Estado mexicano a que adopte a la mayor brevedad posible, medidas concretas sobre la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en el Estado de México, donde se vive una emergencia feminicida.
El Observatorio Nacional refiere que de enero de 2011 a junio de 2012, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Médico, negaron información sobre la emisión de las órdenes de protección, con el argumento de que el Tribunal no genera estadísticas tan detalladas, mientras que la PGJEM dijo que no llevaba el registro total de los delitos contra las mujeres.
Esto, luego que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunció que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, son estados en donde es "imposible" acreditar que un homicidio con violencia de género es un feminicidio.
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son las entidades del país más violentas para las mujeres.
Según los artículos 27 al 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), tales órdenes –que pueden ser emitidas por el MP, procuradurías, secretarías de Seguridad y juzgados civiles– son "actos de protección y de urgente aplicación en función del interés de la víctima, las cuales son precautorias y cautelares".
No obstante, uno de los estados que evidencia que las herramientas creadas –y contenidas en la LGAMVLV– para proteger la vida de las mujeres no se utilizan es el Estado de México, donde el 56.87 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia durante su relación de pareja.
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