Por: Noel F. Alvarado.
Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Alberto Torres Almeida, ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, por 37 millones 95 mil pesos, luego de que haber sido detenido y consignado por la Procuraduría General de la Repúblcia.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), detalló que el otrora funcionario local, está recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan.
El inculpado habría firmado, junto con otros servidores públicos en el trienio 2006-2009, a nombre del Ayuntamiento, contrato de intermediación bursátil con una institución financiera y fue imputado de distraer recursos del erario público correspondientes al Ramo 33 Federal ("Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios").
Asimismo, realizó operaciones de riesgo en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante este contrato, y ocasionó la pérdida de recursos federales por 37 millones 95 mil pesos.
Luego del trabajo de más de cuatro años por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ) de la SEIDF, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se logró ejercer acción penal.
El pasado 19 de junio el Órgano Jurisdiccional libró orden de aprehensión por el delito de Peculado, ilícito previsto en el artículo 223 fracción I, (hipótesis del servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración) y sancionado en el último párrafo del mismo precepto del Código Penal Federal.
La orden judicial se cumplimentó el pasado 26 de junio, en una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El 2 de julio de 2015, el Órgano Jurisdiccional dictó auto de formal prisión y ordenó la apertura del procedimiento ordinario.
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