Por Noel F. Alvarado.
DESDE LOS PINOS...
El 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto "grupo armado", como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído. El tiroteo se dio en el marco de la llamada "Operación Jalisco" y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar "con intensidad" e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen… Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar.
Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre. Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y "limpiar" el nombre de los muchachos.
Ellos califican ese hecho como una "matanza" y señalan al Gobierno federal como responsable de un exceso que derivó en la muerte de personas inocentes.
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