Por Noel F. Alvarado.
A dos años de los hechos de violencia y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) reitera que continúa abierta la investigación para llevar ante los tribunales a los responsables. Destaca que de las 941 peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sido atendidas en un 93 por ciento.
En un comunicado, la PGR, dio a conocer que a dos años de los agravios cometidos en contra de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y otras víctimas, en Iguala, Guerrero, refrenda su compromiso con la sociedad para investigar estos delitos trabajando arduamente a fin de llevar a los responsables ante los tribunales y que las víctimas de estos lamentables acontecimientos accedan a una justicia efectiva y se les repare el daño.
Como ha sido reiteradamente señalado y acreditado, los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México, al contar con actuaciones sin precedentes en materia de transparencia, colaboración internacional y trabajo cercano con las víctimas. Además de ser la indagatoria más observada en materia de derechos humanos.
Respecto a este último punto, efectivamente se trata de una investigación ministerial que en un hecho inédito y por sus características particulares es revisada, simultáneamente, en el ámbito interno por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que como parte de su investigación por violaciones a los derechos humanos, ha emitido 47 observaciones y propuestas a la PGR, mientras que a nivel interamericano, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes establecido a partir de la asistencia técnica solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en ese camino formuló 941 peticiones diversas que han sido atendidas en un 93 por ciento.
Destaca del trabajo realizado con la CNDH, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR ha diseñado una estrategia encaminada a atender todas y cada una de las citadas observaciones emitidas por el ombudsman nacional, bajo una metodología que compila y sistematiza la información sobre las acciones emprendidas, y aporta las evidencias de cumplimiento.
Al día de hoy, 8 se encuentran totalmente atendidas y 29 en vías de atención; entregándose información en más del 78 por ciento de las observaciones en temas como fichas de identificación, datos de georreferenciación de teléfonos celulares, búsqueda de los estudiantes y líneas de investigación, por mencionar sólo algunos; que implican más de 800 evidencias entre declaraciones, ampliaciones, solicitudes diversas y dictámenes. Además, permanentemente se llevan al cabo reuniones de trabajo con la Oficina Especial de la CNDH que lleva la investigación a fin de precisar los requerimientos.
La labor de ambas instituciones se complementan, la CNDH investiga violaciones a los derechos humanos y la PGR investiga delitos, una y otra entidad pública actúan, cada quién desde sus atribuciones, en beneficio de las víctimas y de la sociedad.
Es importante señalar que la investigación del "Caso Iguala" sigue abierta y que la Procuraduría General de la República trabaja en todo momento para esclarecer los hechos. La prospectiva de la indagatoria está orientada a llevar a cabo una actuación exhaustiva con la mayor apertura y transparencia, que las víctimas estén informadas sobre su desarrollo y desde luego, que las instituciones protectoras de los derechos humanos como la CNDH, puedan cumplir con sus atribuciones.
Uno de los cuatro ejes rectores que la maestra Arely Gómez González se comprometió a adoptar ante el Senado de la República al protestar el cargo de Procuradora General de la República en marzo de 2015, fue el respeto a los derechos humanos. Ello no solamente en cumplimiento al mandato contenido en los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino convencida de que la procuración de justicia en el siglo XXI debe aspirar a los más altos estándares en la investigación de los delitos y fortalecer la atención a las víctimas, a través del mayor acompañamiento institucional que les brinde confianza, seguridad y certeza.
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