Por: Ignacio Alzaga, Milenio
En la Ciudad de México la delincuencia saquea hasta a las autoridades responsables de combatirla. En los cinco años recientes, el hampa robó 84 vehículos a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, lo que incluye patrullas, una de éstas robada del edificio central de la policía preventiva, así como un Jeep blindado.
Pese a que se afectó de manera directa el patrimonio de las dependencias, los criminales lograron evadir a la justicia: la Procuraduría no reportó ningún detenido por el hurto de 62 unidades en lo que va de la administración del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, mientras que la policía preventiva informó que dos sospechosos fueron arrestados.
Informes oficiales de ambas dependencias obtenidos por MILENIO a través de solicitudes de transparencia señalan que la PGJDF no recuperó ningún vehículo que fue robado a funcionarios, policías, agentes del MP y empleados administrativos de enero de 2007 a enero de 2012. Esto se traduce en un "récord perfecto" de la ahora denominada Policía de Investigación, antes Policía Judicial, por el nulo hallazgo del parque vehicular de la dependencia.
La Secretaría de Seguridad Pública señaló, por su parte, que de las 22 unidades hurtadas a la corporación en lo que va del sexenio, únicamente dos fueron encontradas. Se trata de un Jeep Liberty, modelo 2007, hallado el 8 de diciembre de 2009 en Laguna de Términos y Lago Xochimilco, Ciudad Neza, Estado de México; así como de un Nissan Sentra 1997, recuperado el 3 de noviembre de 2011 en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Puebla, poblado de Los Reyes Acaquilpan.
Autoridades encargadas de las indagatorias señalaron que "todavía no se ha podido establecer si ambas unidades oficiales se utilizaron en la comisión de delitos".
En los cinco años recientes hampones hurtaron siete patrullas: cinco a la Procuraduría capitalina y dos a la policía preventiva. A la PGJDF le robaron una motocicleta Kawasaki ZRX-1100, modelo 1100, año 2000; y cuatro Nissan Tsuru, uno de los automóviles más hurtados en la Ciudad de México; todos modelo GSII, año 2009.
El colmo: una motopatrulla Harley Davidson 2001 fue sustraída el 24 de noviembre de 2007 del edificio central de la SSP-DF, que se ubica en calle Liverpool número 136, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Este inmueble, según las autoridades de la dependencia, cuenta con altos estándares de vigilancia y seguridad, pero de la Harley no se supo nada.
De acuerdo con un reporte de la corporación, otra motopatrulla de la misma marca, asignada a un policía, fue robada "sin violencia" en Cecilio Robelo número 9, colonia Aeronáutica Militar, delegación Venustiano Carranza. En esta zona se encuentran instalaciones clave de la SSP.
El 29 de enero de 2008 delincuentes armados robaron una camioneta Jeep blindada de la SSP a Jesús Castillo Espinosa, chofer del subsecretario de Tránsito y Vialidad, Alfredo Hernández García. Este hecho se registró en avenida San Isidro y Tezozomoc, colonia Petrolera, delegación Azcapotzalco.
En cinco de los 22 casos reportados por la secretaría los hampones actuaron con violencia y utilizaron armas de fuego; el resto de las unidades se las llevaron cuando estaban estacionadas.
Los hechos ocurrieron en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y uno en Ecatepec, Estado de México. El hampa arrebató 18 automóviles, dos camionetas y dos motocicletas a la SSP, que a partir del 10 de marzo de 2010 cobró el deducible al personal que tenía asignada la unidad.
La Procuraduría capitalina admitió que ninguno de los 62 vehículos oficiales robados a la dependencia ha sido recuperado; el monto total del deducible erogado ascendió a 175 mil 672.89 pesos a la compañía de seguros AXA.
Autoridades de la institución se negaron a dar a conocer los sitios y delegaciones en las que ocurrieron los hechos, bajo el argumento de que son datos reservados debido a que integran averiguaciones previas.
Del total del parque vehicular sustraído una era motocicleta, tres camionetas de pasajeros, dos camionetas de redilas y 56 automóviles. Uno estaba asignado a un "alto funcionario", cuyo nombre no fue revelado, el resto a policías de investigación, agentes del Ministerio Público, personal administrativo y una secretaria particular de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.
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