Noel F. Alvarado.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejercitó acción penal en contra de dos mujeres que presuntamente extorsionaron a una persona con la amenaza de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Actuaron en complicidad de un menor de edad, hijo de una de ellas.
Con información de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros señaló que Concepción Dávalos Pintor y Sandra Luz Orozco Salazar, así como un adolescente, fueron detenidas cuando recibían el dinero, producto de la extorsión.
Elementos de la Policía de Investigación realizaron la captura, en la colonia San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Madero, donde momentos antes fue citado el ofendido. Dicho aseguramiento se logró con base en la denuncia de la víctima.
El denunciante solicitó la asesoría del Ministerio Público tras revelar que durante varios días, recibió llamadas telefónicas a su celular, que provenían de un sujeto, quien le aseguró era miembro de una peligrosa organización delictiva.
Bajo la amenaza de tenerlo vigilado, estar enterado de su situación financiera, y conocer domicilios de su familia, ese individuo exigió al agraviado, diferentes cantidades de dinero a cambio de no causarle daño. Tras acordar vía telefónica con dicho sujeto, la entrega de la cuarta parte del efectivo que le exigían, agentes investigadores montaron operativos de vigilancia encubiertos.
Mientras el denunciante conducía su vehículo al lugar convenido, recibía indicaciones del mismo hombre, hasta que finalmente le ordenó que descendiera del carro y les diera el botín a las mujeres que estaban frente a él.
Dávalos Pintor, Orozco Salazar y al hijo de esta última, fueron sorprendidos por Policía de Investigación cuando recibían el efectivo. El agente ministerial integró los hechos en la averiguación previa y determinó consignar a las mujeres al penal de Santa Martha Acatitla, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
El adolescente fue enviado a disposición de la Agencia Especializada en Asuntos del Menor, donde se definirá su situación jurídica.
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