La Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició el debate en torno a los límites del fuero militar en 28 casos pero la falta de información sobre los antecedentes del primer caso a discutir, impidió avances sustanciales en la sesión de hoy, por lo que fue aplazada para este martes.
En sesión de este lunes, el pleno de la Corte inició el análisis de un conflicto competencial para determinar quién debe juzgar al Coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio del joven Jehtro Ramsés Sánchez en Cuernavaca, en mayo de 2011.
Se dio a conocer que está pendiente de resolución un amparo que presentó el teniente coronel José Guadalupe Arias Agredano en contra de la decisión de un juez militar de turnar el asunto a un juez federal.
El ministro presidente Juan N. Silva Meza acordó aplazar la discusión del asunto para este martes, para que la ministra instructora reciba la información correspondiente y le precise al pleno mañana si el auto de formal prisión en contra del oficial -dictado en el fuero de guerra- continúa vigente o no, y que con base en ello, la Corte establezca si el asunto debe ser resuelto por la justicia
El motivo de la discusión es por un conflicto competencial entre el juzgado Quinto de Distrito del estado de Morelos y el juzgado Quinto Militar, adscrito a la Primera Región Militar.
Lo anterior, porque las familias han demandado que el caso sea llevado a la justicia civil y que no se quede en el fuero militar.
En el proyecto, presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero en el conflicto competencial 38/2012, se informó que el caso se refiere a una causa penal contra un militar, por su probable responsabilidad en el delito de violencia contra las personas, en calidad de encubridor de primera clase.
El 1 de mayo de 2011, la víctima, un civil, estaba en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde presumiblemente fue torturado por dos tenientes de infantería, lo que le ocasionó la muerte.
Los dos tenientes informaron de los hechos al inculpado, un militar con grado de coronel de infantería y quien se encontraba en las instalaciones vestido de civil y presumiblemente franco, quien dio la orden de que se tirara el cuerpo de la víctima.
Esa conducta se calificó como encubrimiento, porque teniendo conocimiento de un hecho delictivo no lo denunció, sino que dispuso que tiraran el cadáver, conducta que realizó cuando presumiblemente se encontraba disfrutando de franquicia.
En este caso, el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, dio por concluida la sesión para que se recabaran mayores elementos del caso, ya que en un juzgado federal desde el 30 de abril otorgó la protección de la justicia federal al procesado y se tendría que conocer sobre la firmeza de esa resolución.
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