Este instrumento, dijo, permitirá seleccionar a los peritos lingüísticos que cuentan con las competencias laborales necesarias para apoyar a los juzgados y tribunales federales, así como para auxiliar a los indígenas que son parte de un proceso judicial.
Daniel Cabeza de Vaca apremió la elaboración de planes, programas, proyectos y políticas públicas que impulsen de manera decidida la transformación del sistema de justicia en la materia, lo que permitirá acrecentar la cultura de los derechos humanos con pleno respeto a la diversidad cultural.
Durante el evento, organizado por el PJF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y desarrollado en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF), el director del Inali, Javier López Sánchez señaló que es necesario generar más y mejores políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, para seguir en la ruta de ser un gran país unido en su diversidad.
En el panel Consideración de las especificidades culturales de las personas y colectivos indígenas dentro del proceso judicial, López Sánchez apuntó que estas políticas públicas deben responder, con la pertinencia requerida, al conjunto de preceptos jurídicos nacionales e internacionales a favor de la diversidad cultural y lingüística, así como aquella de diferencia de género, etaria, religiosa, ideológica y de capacidades diferentes.
Destacó que los derechos lingüísticos forman parte indisoluble de los derechos humanos y que la lengua "es el medio más importante para transmitir los conocimientos y las distintas formas que tenemos de ver, aprender, sentir y explicar el mundo".
Expuso que puede pensarse que los derechos lingüísticos son menos importantes que otros, lo cual, apuntó, no es así, porque las personas privadas de sus derechos pueden estar impedidos de ejercer otros derechos, entre los que se incluyen una representación política justa, un proceso judicial justo, acceso a la educación, información y libertad de expresión y al mantenimiento de su legado cultural.
Señaló que el desconocimiento de la lengua o una inadecuada interpretación o traducción puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel de un detenido o la vida o la muerte para un paciente en un hospital.
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