Por: Noel F. Alvarado
Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar quedó al descubierto luego de que Mónica Ferre Pinelo, denunció a quien fuera su esposo al no aguantar las constantes agresiones físicas y psicológicas. La afectada en silla de ruedas, con lágrimas que escurren por sus mejillas y con la impotencia que siente, ahora enfrenta no solamente a su esposo, sino que también a la justicia, debido a que autoridades de la Procuraduría capitalina, determinaron el no ejercicio de la acción penal contra su agresor, quien ahora, además de mantenerla amenazada, le advirtió que le quitará a su hijo, de cuatro años.
Debido a ello, Mónica Ferre Pinelo, de 37 años de edad, pidió la intervención del Procurador Jesús Rodríguez Almeida, ante la omisiones, confabulaciones y posible corrupción del MP de la unidad 2 sin detenido de la agencia 75 Javier Urueta López, quien, pese a la conducta reiterada de agresiones psicológicas, económicas y físicas, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de su esposo Edgar Gabriel Ruiz Domínguez, quien es representante médico.
Tanto este ministerio público, su secretaria Gabriela Susana Juárez Zúñiga, y el encargado de las mesas de dicha agencia, Alejandro López Magaña, no respetaron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, pese a los dictámenes, y aun contra peritos médicos y psicológicos de esa institución, en todo momento pretendieron declarar afectada de sus facultades mentales a la víctima de agresión familiar.
El titular de la Fiscalía de Procesos de lo Familiar, José Gómez González, en posible contubernio con el esposo de la víctima y los otros funcionarios públicos, en todo momento desestimó los señalamientos de Mónica Ferre, cuando se le expusieron que la denuncia no avanzaba, les dijo: "carecen de relevancia las quejas de la supuesta víctima de maltrato familiar para autorizar el cambio de Unidad de dicha demanda. Se queda ahí, quéjese donde se queje la señora", ya que la actuación del ministerio publico y su secretaria, según él era la adecuada, y no veía el motivo alguno para el cambio.
Postrada en silla de ruedas, con llanto en los ojos, la mujer hace un llamado al Procurador Rodríguez Almeida, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Instituto Nacional de Protección a las Mujeres, para que se revise minuciosamente todo lo asentado en el expediente FCY/COY-2/T2/1416/11-08, donde quedó plenamente demostrada la parcialidad, confabulación, omisión y presunta corrupción de los ministerios públicos y de la secretaria.
Aún más, señala la mujer, todavía "esos funcionarios de la Procuraduría capitalina me engañaron, pues a sabiendas de que ya existía acuerdo de no ejercicio de la acción penal, decían que 'estudiaban' el expediente para que ella presentara pruebas, cuando López Magaña ya había mandado el informe al juzgado Vigésimo Cuarto Penal de delitos no graves, señalando el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, a favor del acusado. Yo nunca he sido notificada en tiempo y forma sobre la resolución y me enteré de ella, por la notificación que envió el juzgado a mi domicilio".
Mónica Ferre Pinelo, dijo que confía en la intervención del Procurador Rodríguez Almeida, pues de otra forma, en silla de ruedas tendrá que manifestarse enfrente a las oficinas del GDF, pues su marido, aún la continúa amenazando a ella y a su familia, además que le advirtió que le quitará a su hijo de tal sólo cuatro años de edad.
Exhibiendo las copias de las actas levantadas, así como todos los pasos que ha dado para que se ponga fin a la violencia familiar que sufre en manos de Edgar Gabriel Ruiz Domínguez, Mónica dijo que su calvario se inició cuando contrajo matrimonio, bajo el régimen de bienes separados, con Ruiz Domínguez, el 17 de febrero de 2007.
De profesión enfermera, Mónica señaló que una vez casados, su cónyuge se transformó y comenzó a ejercer la violencia física y económica, al grado que cuando en el 2008 nace el hijo de ambos, la obliga a renunciar y la liquidación económica que le dieron la empieza a manejar su marido, "al grado de exigirme que diera el enganche de un departamento, es decir 250,000 pesos, ubicado en Basalto 15, edificio B, departamento 302, en Los Reyes Coyoacán".
Con todo ello, muy a pesar de su postura, el MP citó a declarar al acusado hasta el 19 de marzo de 2012, es decir, siete meses después de la denuncia, por lo que ante esa situación solicitó al titular de la fiscalía de juzgado de lo familiar, José Gómez González, el cambio de expediente a otra fiscalía, misma que le fue negada, pues el funcionario dijo: "en todo momento la representación social ha dado cabal cumplimiento a las diligencias que exige el Código Penal como el de Procedimientos Penales.
No obstante ese día, el vigilante del condominio le entregó una notificación del juzgado Vigésimo Cuarto Penal de Delitos No Graves, en donde se hace saber que el agente del MP, Alejandro López Magaña, encargado de la agencia 75, mediante oficio les informó que la averiguación previa FCY/COY-2/T-2"/1416/11-8, le recayó en fecha 29 de junio de 2012 acuerdo de no ejercicio de acción penal. Aprobándose dicho acuerdo, el día 6 de julio de 2012.
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