Por: Enrique G. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), iniciaron el análisis del caso del soldado Carlos Fidel Flores Ábrego, señalado de alterar una escena del crimen y sembrar el arma de fuego al regiomontano Jorge Otilio Cantú, quien fue asesinado por militares que vestían de civil cuando realizaban patrullajes en Nuevo León, en abril de 2011. En sesión de este lunes, los ministros votaron a favor de que el caso sea enviado a un juez civil aunque será hasta este martes cuando se decida si será federal o local. Flores junto con cinco varios militares más, fueron asignado en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León en abril de 2011, cuando Cantú fue asesinado a balazos por soldados que posteriormente sembraron armas en su vehículo para tratar de justificar el ataque. Al iniciar la discusión del caso, los ministros señalaron que la sentencia de un tribunal colegiado no es cosa juzgada, porque el Estado mexicano está obligado a cumplir la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, en la parte que limita el fuero militar cuando haya víctimas civiles involucradas. Esto, luego de que el militar quedo bajo proceso por delito contra la administración de justicia por alterar la escena del crimen, al presuntamente sembrar una pistola Browning y casquillos percutidos en la camioneta Dodge Ram en que viajaba Cantú. En junio de 2011, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Monterrey resolvió que la competencia para procesar a los siete soldados correspondía a la justicia militar, que había declinado conocer del caso, al igual que un juez local penal de Nuevo León. El proyecto presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero, señala que el juez militar debe declinar la competencia del asunto y turnar el juicio a un juez federal, en razón de que el soldado, en su calidad de empleado federal, participaba en acciones de patrullaje preventivo en apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, al estar comisionado y depender administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional al momento de los hechos. En su argumento, la ministra destacó que la decisión del segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito, que resolvió que el asunto era de competencia militar, no es cosa juzgada, "porque no se ejerció una jurisdicción constitucional" en este asunto; además de que el auto de formal prisión que le fue dictado al acusado por delitos cometidos en contra de la administración y procuración de justicia, "no protege bienes jurídicos de la disciplina militar", por lo que no puede ser juzgado por el fuero castrense. En su declaración preparatoria, los soldados afirmaron que el profesionista quedó en medio del fuego cruzado, pero los peritajes de la procuraduría estatal indican que fue un ataque directo. Además, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el cuerpo del médico Jorge Otilio Cantú presentaba lesiones hechas a distancia menor a un metro, por lo que el padre de éste, Jorge Otilio Cantú González, señaló que la muerte de su hijo se trató de un asesinato, cobarde y maquinado por efectivos federales adscritos al gobierno estatal, que debe ser castigado. La CNDH concluyó que los militares, sin mediar persecución alguna, no sólo dispararon por detrás a la camioneta del agraviado y lo lesionaron, sino también hay elementos para advertir que le dispararon al menos en un momento posterior, cuando aún vivía, a pesar de que no presentó resistencia. La duda de la Corte por conocer este caso se fundamentó en un fallo que emitió un tribunal colegiado sobre este asunto en julio de 2011, quien resolvió que el asunto debía ser resuelto por la justicia militar. |
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