Por: Armando Maceda
Como lo adelantó el PRI y el PAN, con sus votos y de sus aliados el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del PRD para promover una controversia constitucional contra el procedimiento de la reforma la Reforma Laboral bajo la figura de iniciativa preferente, con el argumento de que se hizo sin existir una ley secundaria.
Pero sus razones no valieron en un debate que, de por sí resultó estropeado por señalamientos y quejas por su derecho de expresarse conforme a reglamento, y al final, los priistas y panistas, apoyados por los diputados del PVEM y Nueva Alianza echaron para abajo el punto de acuerdo que pretendía el PRD, junto con el PT y Movimiento Ciudadano.
Sin hacer caso a las quejas de diputados que pidieron la palabra por alusiones de Ricardo Monreal, el presidente en turno de la mesa directiva, el panista José González Morfín dio por terminada la discusión del tema, lo que provocó inconformidades de diputados de varias fracciones y subieran a lo alto de la tribuna, a discutir.
También, en los posicionamientos, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, y Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Trinidad Morales, del PT, insistieron en que hubiera más oradores a favor de la controversia.
Esta posición fue rechazada por otros legisladores del PRI, PAN y PVEM, que pidieron respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Esta Cámara no puede estar sujeta a chantajes y sólo se debe permitir que participen tres oradores a favor y tres en contra, dijo desde su curul el panista Ricardo Anaya Cortés.
El primero en fijar su posición, contra la controversia, fue Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, quien reconoció que no hay ley secundaria, pero reconoció el procedimiento aprobado por la Junta de Coordinación Política para sacar la reforma
"Nueva Alianza, de manera responsable y consciente de responder a una obligación constitucional de dar trámite a la iniciativa preferente, participamos en todas y cada una de la etapas y con ello legitimamos la legalidad del procedimiento", señaló.
No obstante, el perredista Jorge Salgado Parra defendió el interés legítimo a presentar la controversia, y señaló que el grupo parlamentario del PRD propone que la Cámara inicie la demanda del recurso constitucional contra el titular del Ejecutivo, ya que la iniciativa preferente enviada por éste contraviene de manera velada lo que establece la Constitución.
Indicó que modifica el orden constitucional "al alterar los principios y valores que protegen y garantizan el trabajo" mediante una ley secundaria.
Tras la participación de estos dos oradores, el vicepresidente de la Mesa Directiva, José González Morfín decretó un receso por la visita que hizo al salón de sesiones el presidente del Congreso de Brasil, Marco Maia.
Posteriormente y en alusiones personales, el diputado Ricardo Monreal dijo que cuando se cierran los canales de expresión, terminan por estallar las sociedades.
"Yo le pregunto al PRI y al PAN, ¿quieren conducción institucional o quieren ruptura institucional?, no puede ser que no nos permitan hablar", dijo y posteriormente aseguró que agotarán todos los recursos institucionales para defender su posición.
Posteriormente continuaron los posicionamientos a favor y en contra, con interrupciones por alusiones personales.
Martí Batres insistió que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para interpretar la Constitución y subrayó que el artículo transitorio sobre la reglamentación de la iniciativa preferente es muy claro.
La discusión de la Reforma Laboral debió haber esperado a que existiera la reglamentación de iniciativa preferente para poder aplicar esa figura, indicó.
Pero la del PAN, Consuelo Argüelles Loya, reiteró la posición, que la controversia es improcedente y con "miras de carácter mediático", ya que es un ordenamiento preferente por lo que no está supeditado a una reglamentación secundaria para su función.
"Estamos ante un absurdo jurídico que pretende violentar el principio de la supremacía constitucional. En el PAN nos oponemos tajantemente a la presentación de una controversia constitucional cuyos argumentos son falaces y contrarios".
Igualmente se fijo la postura del PRI, a través de Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, que aseguró que la controversia constitucional no tiene ningún fundamento.
"Hay un sinnúmero de tesis jurisprudenciales que señalan claramente que no proceden las controversias constitucionales en contra de supuestos vicios de procedimiento, por lo que la controversia constitucional presentada no tiene ningún fundamento", detalló.
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