Por: Armando Maceda
Cuestionan en el Pleno de la Cámara de Diputados la sumisión y omisión de las titulares de la Cancillería y de la PGR con respecto al fallida introducción de armas del operativo "Rápido y furioso de Estados Unidos y que fueron a parar en manos de los narco criminales y han sido utilizados en el asesinato de inocentes.
Al fundamentar el punto para exigir una explicación, Aleida Alavez Ruiz del PRD pidió se exigiera al Gobierno federal de Felipe Calderón asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por la instrumentación del operativo, proveyendo todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.
Este programa implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, permitió el ingreso legal a territorio nacional de miles de armas bajo el pretexto de que serviría para "rastrearlas" y asegurar la localización de grupos criminales.
"Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la ATF reconocieron que no podrían rastrearlas y que las armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera", no obstante las autoridades mexicanas, no dicen nada, señaló.
Esas armas, denunció, han cobrado la vida de inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales.
A pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, la PGR a cargo de Marisela Morales todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político, reprochó.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento".
Igualmente criticó la priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales a la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Patricia Espinosa, ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.
En defensa del gobierno, la panista Adriana González Carrillo afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia, y hay la cooperación para atacar el crimen organizado.
"Estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido", reconoció.
El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) resaltó que la gestación de un hecho tan lamentable como el denominado operativo "Rápido y furioso", no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos, de detener el tráfico de armas.
"Es perverso y contradictorio que se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa en el tema del tráfico ilegal de armas y estén anunciando un programa para frenarlo".
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del PRD, se pronunció para que no se permita que el silencio permanezca, "porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales y que fallecieron con estas armas, no lo van a olvidar. Es importante que haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad".
Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano mencionó que operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional. Por ello se manifestó para que se apruebe la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional, y hablen de "Rápido y furioso" y del fracaso de la política de seguridad pública.
José Angelino Caamal Mena de Nueva Alianza dijo que el operativo pone en evidencia la fragilidad en la frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento en un momento de extrema violencia en los estados fronterizos.
Se trata de una polémica operación realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de más de 2.000 armas a México, gran parte de las cuales acabó en manos de narcotraficantes mexicanos. Según algunos datos, este armamento fue utilizado para dar muerte, al menos, a 150 civiles.
Por todo ello, el pleno de la Cámara de Diputados votó a favor el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, hacer pública toda la información que tengan disponible en relación a "Rápido y furioso", incluyendo la que fue generada en instancias estadounidenses y remitida a las autoridades mexicanas.
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