* La Policía Federal colaboró y aportó todos los elementos necesarios para conocer la verdad histórica del caso.
* Atendió 25 solicitudes de información; recuperó los vehículos y presentó a 61 policías para que rindieran declaración en torno a los acontecimientos.
* Y, ¿Que hizo la PGR?
Por: Noel F. Alvarado.
Un juez federal descarto el "atentado o ataque directo" como móvil de la agresión que sufrieron funcionarios de Estados Unidos y un elemento de la Armada de México, por parte de agentes federales en zona de tres Marías en Morelos. En tanto La Policía Federal, dio a conocer que en desde el día de los acontecimientos, cooperó con en las investigaciones con las procuradurías General de la República y del Estado de Morelos, para conocerse la verdad histórica, al grado tal que entregó a los policías federales involucrados, aportó 25 solicitudes de información solicitadas por el MPF, recuperó las camionetas y presentó a 61 elementos para que rindieran su declaración en torno a los hechos.
La presunción del robo derivó de un secuestro exprés que ocurrió un día antes en la zona de Tres Marías, municipio de Huitzilac, Morelos, contra Salvador Vidal Flores Pérez, empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ello, la Policía Federal realizaba labores de investigación en la zona.
De acuerdo a las investigaciones, la PGR, en todo momento, ha intentado señalar que la Policía Federal tiene interés de encubrir la verdad histórica de los hechos, con la finalidad de proteger a los elementos que participaron en el evento; sin embargo, la PF, señala que dicho argumento resulta infundado y tendencioso, sobre todo si se toman en cuenta la forma en que ocurrieron los hechos.
Sin que mediara requerimiento ministerial, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, la Policía Federal tomó la determinación de poner a su disposición a los elementos que participaron en el evento, junto con sus armas de cargo, con la finalidad de que la autoridad investigadora, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, deslindara las responsabilidades correspondientes del personal y de los objetos que se presentaron.
Desde el día en que los hechos se suscitaron, la autoridad ministerial tuvo oportunidad de tomar la declaración de los elementos que participaron en el evento, a efecto de conocer la forma en que el incidente se produjo.
A partir del 24 de agosto, se han recibido 25 solicitudes de información por parte de la autoridad ministerial en torno a dicho caso, señalando que por el momento no se encuentra pendiente de contestar requerimiento alguno. Mediante los oficios de respuesta, se proporcionó al Ministerio Público de la Federación todo tipo de documentación, entre la que destaca: álbumes fotográficos del personal de la Policía Federal, órdenes económicas de servicio, bitácoras, ordenes de entrada y salida del parque vehicular, resguardo de bienes institucionales, descripción del armamento utilizado por los elementos, expedientes del personal, constancias laborales, formatos únicos de personal, entre otros.
Por lo que respecta a la vestimenta de los elementos, cabe señalar que la Policía Federal, en ningún momento, informó o sostuvo que los integrantes de la Institución portaban el uniforme oficial en el momento en que los hechos ocurrieron.
Agrega que la presentación de los elementos ante el Ministerio Público fue encomendada al inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado, quien informó a la autoridad ministerial que, al momento en que materializó la orden de concentrar a los elementos que participaron en el evento para su posterior presentación ante la representación social, éstos ya se encontraban portando el uniforme institucional correspondiente.
De igual forma, se han recibido 30 oficios requiriendo la presentación de 61 elementos de la Policía Federal, quienes se presentaron en tiempo y forma para rendir su declaración correspondiente; de hecho, algunos de estos elementos fueron citados en más de tres ocasiones.
Se inició el expediente UAI/DGII/6267/2012 en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, que de acuerdo con la normatividad que rige a la Institución, es una unidad que cuenta con autonomía de gestión, cuyo Titular es nombrado por el Presidente de la República. Dicha investigación fue iniciada con la finalidad de determinar si existió alguna irregularidad en la conducta de los integrantes de la Institución.
Con motivo las labores de investigación efectuadas por la Unidad de Asuntos Internos en torno al esclarecimiento de los hechos, se logró obtener información sustantiva que permitió llegar a la verdad histórica de lo ocurrido el día 24 de agosto de 2012; entre las diligencias que practicó dicha Unidad destaca la solicitud de información y documentación, la práctica de inspecciones y la citación de integrantes que pudieran aportar datos para la investigación.
La Unidad de Asuntos Internos presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, a través de la cual señalaba que con motivo de las diligencias practicadas por esa Unidad, se tuvo conocimiento de la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito, adjuntando copia certificada de las constancias que obran en autos del referido expediente de investigación UAI/DGII/6267/2012, así como poniendo a su disposición a Ivonne Romero Moreno y José Cruz Ortega Ortega, elementos de la Policía Federal, cuyo testimonio resultaba indispensable para la adecuada integración de la averiguación previa. De igual forma, puso a disposición de la autoridad ministerial la camioneta Chrysler tipo Voyager, color verde y la camioneta Nissan, tipo X Terra, color amarillo, mismas que refirieron los testigos haber visto el día de los hechos.
El papel que jugó la Unidad de Asuntos Internos adquiere especial relevancia, toda vez que gracias a la información que fue obtenida mediante su labor de investigación, así como las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público, permitieron desentrañar lo que hasta el momento, la Procuraduría General de la República no había podido acreditar, que es la forma en que se suscitaron los hechos investigados.
La Policía Federal, en cumplimiento a la solicitud hecha por la autoridad ministerial, mediante oficio DGCAP/DG/2385/2012, ejecutó la orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, dentro de la Causa Penal 83/2012, por el delito de encubrimiento, en contra de Juan Manuel Pacheco Salgado, quien se desempeñaba como Supervisor Operativo de la Zona "B" de la Coordinación Estatal del Distrito Federal, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de Jalisco.
La Policía Federal, en todo momento ha coadyuvado con la autoridad ministerial en la investigación de los hechos, no sólo proporcionando información que le ha sido solicitada, sino aportando datos e información sustantiva para el esclarecimiento de los hechos, así como elementos de prueba para la adecuada integración de la indagatoria, y poniendo a disposición de la autoridad ministerial a las personas que presuntamente están relacionadas con los hechos investigados, por lo que con ello se demuestra que la PF, no ha intentado obstaculizar la procuración e impartición de justicia.
En tanto -la PGR, desde el día de los hechos- no llevó a cabo todas las diligencias que eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos., pues no detuvo a ningún policía Federal y omitió la declaración de Fabián Molino Yera, elemento activo de la Secretaría de Marina que conducía la camioneta diplomática, además nunca fue citado a comparecer y nunca se le cuestionó acerca de lo sucedido, siendo uno de los actores principales, ya que fue señalado por varios de los testigos como la persona que inicio los disparos en contra de los elementos policiales.
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