El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó también reformas para establecer la competitividad económica y el desarrollo industrial del país como un derecho y una obligación constitucional para el Estado.
Incluye la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado en el desarrollo económico del país y la vincula a la implementación de una política de desarrollo industrial.
La iniciativa fue aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Senado de la República, enviada a la Cámara de Diputados, procesada por la Comisión de Puntos Constitucionales y avalada en el Pleno con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
Ricardo Cantú Garza del PT manifestó que avalan el dictamen que reforma los párrafos primero y último del artículo 25 y tercero del apartado A del Articulo 26 de la Constitución, para establecer a la competitividad como derecho constitucional.
"la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos", indicó.
Reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política. Por modificar la Carta Maga debe ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su promulgación.
En el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.
Entre los requisitos para lograr ese objetivo figura la competitividad y por eso propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la Nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.
Con la inclusión de esta reforma en la Constitución, se afirma, el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad.
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