La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general, con 26 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma los artículos 3° y 73 de la Carta Magna, en materia educativa que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque sigue pendiente en la discusión en lo particular debido a las reservas presentadas anoche en relación a modificaciones a los 31 artículos reservados por diputados del PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
La reforma educativa plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y establece las reglas del ingreso al servicio docente y la promoción a cargos.
Para tal efecto se adiciona un párrafo segundo a la fracción tercera del artículo 3°, donde se mandata que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición.
Se establece que la ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, en lo que sería el servicio profesional de carrera.
Sobre la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se anexa una fracción IX al citado artículo, donde se señala que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Le corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Para ello deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.
Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
La reforma establece que la Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto. Se integrará por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación, dentro del plazo de treinta días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente.
Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores no se pronuncia sobre la designación de algún miembro de la Junta de Gobierno, se tendrá por ratificada la efectuada por el Ejecutivo Federal.
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