Armando Maceda
Legisladores del PRI y PRD respaldaron el veredicto de libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la francesa Florence Cassez, pues con la resolución se deja en buena posición la justicia mexicana, se reposiciona después de haber fallado por deficiencias en el proceso, y exigieron sanciones a ex funcionarios responsables, como Genaro García Luna.
Cassez cumplía una condena de 60 años por secuestro, en un reclusorio femenil de la ciudad de México, y tras el fallo podría viajar a su país en las próximas horas.
El senador del PRI Arturo Zamora Jiménez señaló que su bancada respeta el fallo de la Corte y subrayó que esta sentencia definitiva deja en una buena posición internacional a la justicia mexicana.
Definitivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tomar esta decisión, la toma en función de lo que es valoración de todas las pruebas que se aportaron en el proceso, dijo.
"Cuando una sentencia definitiva determina lo que es justo, entonces deja en un alto rango de credibilidad a los órganos de justicia en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló.
Sin embargo, apuntó que ahora el reto es recuperar la credibilidad de los órganos policiacos y de procuración de justicia.
"La Corte toma esta decisión en función de la valoración de todas las pruebas, sin duda alguna en el resultado devienen las declaraciones certeras de los ministros, en el sentido de que hubo violaciones a derechos humanos y garantías consagradas en tratados internacionales".
En declaraciones a la prensa, subrayó que en México se tiene que cumplir con el debido proceso y con la inmediatez de las pruebas, ya que los vicios de origen dejan en la indefensión a las víctimas y lesionan intereses particulares.
El senador del PRD Mario Delgado Carrillo consideró que el fallo de la SCJN es una llamada de atención a la forma en que se ejerció la procuración y administración de justicia durante el gobierno de Felipe Calderón.
Indicó que Florence Cassez, como inculpada, tuvo un gobierno extranjero que la defendió, "respaldo que no tienen los mexicanos en la misma situación".
Debe haber responsables y aplicar sanciones "a quienes hayan manipulado la justicia, es un hecho grave, y me parece que fijaría un precedente importante", exigió.
Lo lamentable: víctimas quedarán sin la satisfacción de la justicia
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, en voz de su coordinador, Silvano Aureoles, expresó su respeto por la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte. En un comunicado, consideró lamentable que la resolución no haya atendido el fondo de la responsabilidad y la consecuencia que implica para las víctimas.
Ante ello, precisó el reto es ser más exigente con la actuación de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
No obstante, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth rechazó que el gobierno de Felipe Calderón haya utilizado la justicia para "dar golpes mediáticos".
Cuestionado sobre la actuación de Genaro García Luna al frente de la AFI cuando se detuvo a Cassez, pidió dejar a las autoridades, como la Función Pública, que hagan las investigaciones correspondientes determinar si hubo dolo o negligencia.
"Acción Nacional está por la transparencia y está porque si hay una actuación indebida, negligente, dolosa o culposa, se sancione", afirmó.
Arturo Zamora expresó que la decisión es inapelable y que corresponde a las víctimas del secuestro determinar si proceden jurídicamente contra algunos funcionarios de la pasada administración, entre ellos, Genaro García Luna, por las irregularidades durante el proceso.
El diputados panista, Guillermo Anaya Llamas, indicó que la SCJN deberá explicar cuáles fueron los criterios para determinar la inocencia de Cassez, que fue declarara culpable en marzo de 2012.
Consideró que no hubo un fracaso en la impartición de justicia durante el sexenio del Felipe Calderón porque fue el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que primero tuvo valoraciones para enjuiciar a Cassez y después modificó su postura.
El senador Roberto Gil Zuarth inistió que al decretar la SCJN la insolvencia de las pruebas respecto a la acusación contra Florence Cassez, quedarán aún sin resolver los crímenes que le habían sido imputados.
"Ha quedado impune un delito; víctimas quedarán sin la satisfacción de la justicia y, evidentemente, tiene que ver con una indebida actuación de ciertas autoridades que no cuidaron correctamente su investigación, que no custodiaron correctamente las pruebas", dijo.
En eso coincidió, Mario Delgado: "Nos falta el responsable de quién manipuló, simuló, alteró y violó derechos humanos; y nos faltan también los responsables de los secuestros que en los que, aparentemente, ella había participado".
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