Armando Maceda
La Comisión de Derechos Humanos aprobó una reforma al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de supervisar el respeto de estos preceptos en las cárceles, así como la corrupción y los autogobiernos, mediante la elaboración de un diagnóstico anual.
En el diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones de datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, cifras sobre riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federal.
La iniciativa promovida por el diputado Ricardo Monreal Ávila Movimiento Ciudadano, señala que la sobrepoblación en las cárceles aniquila las posibilidades de rehabilitación, ya que 28 penales concentran 50 por ciento de los reos, y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad.
Precisa que hay alrededor de 220 mil presos en 451 reclusorios y el Estado gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.
Refiere que la mayor parte de los reclusorios presentan problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.
Agrega que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha se tiene el registro de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.
De acuerdo con el mismo diagnóstico, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales, subraya.
En tales condiciones, los diputados coincidieron se hace necesaria la participación activa de la CNDH, no sólo por lo que se refiere al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones. Se requiere dotarle de mayores facultades para forzar un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos, puntualiza la iniciativa del diputado.
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