La Comisión de Justicia analizará una iniciativa para aumentar las
penas hasta quince años de prisión a quienes realicen, sin
consentimiento expreso de la persona, procedimientos que impidan su
reproducción, ya que en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se
practica la esterilización forzada como método de control de
natalidad.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien promueve la iniciativa,
explicó que personal del sector salud de estas entidades difunde e
impone como método de control de natalidad contra mujeres y hombres
indígenas, la esterilización forzada, abusando de su situación
vulnerable.
Expuso que esta práctica es aquella que se realiza o causa
intencionalmente al individuo, sin brindarle la debida información, y
sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o
quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la
privación de su capacidad biológica y reproductiva.
Mejía Berdeja agregó que deben ser los profesionistas y
técnicos auxiliares de las áreas de la salud que realicen sin
consentimiento expreso de la persona procedimientos con el fin de
impedir su reproducción, se les condene de cinco a quince años de
prisión, ya que en la actualidad sólo se establece una sanción de
cuatro a siete años.
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