Amnistía Internacional (AI) emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República (PGR) a responder a las miles de denuncias por desapariciones, así como a reconocer que en buena parte de estos crímenes participaron actores del Estado ya sea directamente o con el conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
En conferencia de prensa donde presentó el informe Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México, Rupert Knox, experto sobre asuntos de México de AI, destacó que hasta ahora las instancias especializadas en atender algunos casos graves como los crímenes ocurridos durante la "guerra sucia" o los feminicidios en Ciudad Juárez han fracasado en su cometido, por lo que la Unidad de Búsqueda de la PGR, con sólo 12 agentes del Ministerio Público, podría estar condenada a ese mismo destino.
"La Femospp (Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) y la Fevimtra (Fiscalía Especializada contra la Violencia de la Mujer y la Trata de Personas) fueron creadas por la presión pública, pero no resultaron mecanismos eficaces porque las autoridades las utilizaron para reducir la presión", apuntó el experto de la organización internacional.
Aunque consideró "positivo" el anuncio de la creación de la Unidad, resaltó que el éxito de la misma dependerá de "la importancia que el Estado dé al problema, porque tiene recursos para incentivar otros temas que le interesan; habrá que ver qué tanto le interesa resolver este grave problema de crisis humanitaria".
Knox destacó que sin ser justificable que durante el gobierno de Felipe Calderón haya sido evidente que se sentó un precedente de impunidad, en el actual gobierno "debe de haber un cambio en la forma en que se realicen las diligencias y las investigaciones y esto se debe percibir desde el inicio", aunque en los primeros seis meses "es evidente que no hay investigaciones de campo en la manera en que se llevaron a cabo los crímenes".
Añadió que "en términos de resultados deben ir montando evidencia de un cambio sustantivo, pero si dentro de un año no se nota, se van a llenar de dudas tanto los familiares como nosotros que esto vaya a ser como otra Femospp u otra instancia así, por eso se requiere un respaldo político, con recursos y capacidad para realizar este trabajo".
Tras señalar que AI documentó 152 casos, 85 de ellos con evidencias claras de participación de agentes del Estado, Rupert Knox señaló que en una reunión queen inv sostuvo este lunes con el subprocurador Ricardo García Cervantes, "si bien reconoció que es un problema grave y ha reconocido una crisis humanitaria, no ha habido una admisión abierta y clara de que en un número significativo hay participación de actores del Estado".
Knox se refirió a la desconfianza y desilusión de algunos familiares de las víctimas por la falta de actuación de las autoridades, por la estigmatización de las víctimas o bien por las amenazas que han recibido, situación que, dijo, es "entendible pero nuestra postura como Amnistía Internacional es instar a las autoridades a asumir su responsabilidad y hacer efectivas las promesas".
Al señalar que AI participará en el Foro sobre Desapariciones que se realizará en Saltillo, Coahuila, el experto resaltó la impunidad que se tiende sobre los crímenes del pasado por "la falta de investigación, el fracaso de la Femospp y los nulos avances por llevar a los responsables a la justicia", ha contribuido a mantener la impunidad "aunque no es el único elemento, pero ha contribuido a transmitir el mensaje de que en México se permite este delito".
Sobre la desaparición de 11 jóvenes en el Distrito Federal, Knox dijo que aunque no conoce los detalles del caso, "sí es evidente que si las autoridades no están preparadas para implementar una búsqueda de inmediato y las acciones de investigación, todo lo contrario respondieron como otras instituciones lo han hecho".
Agregó que el caso resulta "alarmante" aunque guarda características distintas a los patrones establecido en el norte del país", en tanto que el calificativo de "ausentes" que acuñó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para definir a estas personas, evidencia el "juego" de las autoridades para negar el problema.
"La ausencia parece que indica la voluntad de las personas, y ese ha sido uno de los errores desde el inicio de las investigaciones de estos casos, hemos escuchado mucho a las familias de que han acudido al Ministerio Público y quieren que prueben que las personas salieron sin su voluntad, eso es algo muy difícil, no vas a tener una imagen que muestre a los responsables llevando a las víctimas", asentó.
Durante la presentación del informe, las señoras Brenda Rangel y Lucía Baca, hermana y madre de Héctor Rangel Ortiz y Alejandro Moreno Baca, desaparecidos en 2009 y 2011, respectivamente, denunciaron la indolencia de las autoridades para atender sus casos y las dificultades de las familias de los desaparecidos para asumir ellos mismos las investigaciones.
Al dolor expresado por ambas mujeres, quienes lloraron abrazadas al compartir la misma tragedia, se sumaron las voces de los familiares de otras víctimas presentes en el evento.
La cantidad de desapariciones de personas sin resolver en México constituye un escándalo y una crisis de los derechos humanos, afirmó el martes Amnistía Internacional, al denunciar lo que llamó una falla sistemática de la policía y los fiscales para investigar cientos de casos que se han acumulado desde 2006.
Rupert Knox, investigador de la oficina de Amnistía en México, dijo que con frecuencia los parientes se ven obligados a buscar ellos mismos a sus familiares, en ocasiones bajo un riesgo considerable.
En lo que es un insulto para alguien que de por sí ya está lastimado, Knox dijo que con frecuencia la policía y los fiscales ni siquiera se molestan en utilizar la información que obtienen los parientes. En lugar de ello, la policía suele asumir que los desaparecidos están inmersos en los conflictos de los cárteles del narcotráfico en México.
"Han sido estigmatizados, han sido tratados con desprestigio, y lo típico ha sido señalar a las víctimas como criminales", señaló Knox. "Es una muestra de la negligencia que permitió a una situación crecer a un escándalo nacional y una crisis de derechos humanos".
El gobierno federal dijo que unas 26.000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que el gobierno lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga a fines de 2006, aunque las autoridades han dicho que la cifra verdadera probablemente es menor, porque algunas personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas pero nunca fueron retiradas de la lista.
Brenda Rangel es hermana de Héctor Rangel, que desapareció junto con dos amigos en 2009 luego de que la policía los detuvo por una violación a las normas de tránsito y nunca se volvió a saber de él. Está segura que su hermano no estaba involucrado en actividades delictivas. Héctor, un joven empresario, había acudido al estado norteño de Coahuila —donde el cártel de los Zetas opera en varias regiones— para cobrar el pago de un cliente.
Rangel dice que la última vez que su hermano llamó fue para decir que estaba bajo custodia policial. Ella indicó que la familia les dio a las autoridades el número del auto patrulla, e incluso los nombres de los policías involucrados en el arresto.
Sin embargo, los fiscales le dijeron que los agentes fueron despedidos de la policía en la ciudad de Monclova, Coahuila, y no podían ser localizados. En México no es inusual que los policías trabajen para los narcotraficantes.
Luego de casi cuatro años de la desaparición de su hermano, ese tipo de respuesta carente de interés está haciendo que Rangel y su familia caigan en la desesperación, y en el peligro, ya que no pueden dejar las cosas así.
"Hemos recibido amenazas de muerte", señaló. "Me he expuesto, he ido a casas de seguridad, me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano".
Uno a uno, otros padres y hermanos de mexicanos desaparecidos han dado la cara y narrado sus historias de terror: casos en los que las mismas autoridades, policías o militares, parecen haber estado involucrados en las desapariciones.
El gobierno mexicano anunció la semana pasada que está creando una unidad especial para buscar a las personas desaparecidas, la cual sólo cuenta con 12 investigadores federales y un grupo de agentes de la policía federal para cubrir todos los casos.
Knox dijo que ese tipo de agencias ya han sido implementadas anteriormente en México, pero han logrado poco, en parte porque han carecido de los recursos, el personal y la autoridad para realmente llevar a cabo su labor.
"Las autoridades siempre lo han visto (las unidades especiales) como una manera de ventilar el tema y reducir la presión", señaló Knox.
Aunque Rangel y las familias de las otras víctimas mantienen las esperanzas de que sus parientes aún estén vivos, tal vez sujetos a trabajos forzados para los cárteles de la droga, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ha recibido información sobre 15.921 cadáveres no identificados que han pasado por morgues en el país, algunos de los cuales podrían pertenecer a los desaparecidos.
MAS DESAPARECIDOS EN MÉXICO; AHORA 12 JÓVENES DE UN ANTRO DE ZONA ROSA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
Un caso reciente en la Ciudad de México deja entrever las dificultades que rodean la solución de las presuntas desapariciones.
El 26 de mayo, 11 jóvenes desaparecieron de un bar de la capital que también operaba en la mañana muy cerca de la céntrica avenida Paseo de la Reforma, a cuadra y media de la embajada de Estados Unidos.
Los jóvenes eran del peligroso barrio de Tepito y su desaparición sólo salió a la luz después de que sus padres y otros residentes de ese vecindario efectuaron una protesta en la que fue bloqueada una avenida importante. Posteriormente, reportes de prensa indicaron que los padres de dos de los jóvenes desaparecidos eran presuntos jefes delictivos de Tepito que actualmente cumplen penas de prisión.
Un testigo que aparentemente logró evitar ser secuestrado dijo que a los jóvenes se los llevaron pistoleros enmascarados después de pasar toda la noche en el bar. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha dicho que las tomas de las cámaras de vigilancia revisadas hasta hora por la policía no han mostrado un secuestro masivo. Ahora el testigo ya no puede ser localizado, ni el propietario del bar ni el personal que laboraba allí esa noche.
Las familias han colocado afiches con fotos de sus parientes en toda el área, y dicen que luego de casi 10 días no han vuelto a casa.
Publicar un comentario