Ya no existe investigación, ni proceso contra Sandra Avila Beltrán. De ser deportada no podrá ser detenida: PGR

Por: Noel F. Alvarado.

El subprocurador especializada en investigaciones de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR)
Renán Cleominio Zoreda, confirmó que ya no existe ninguna investigación en contra de Sandra Ávila Beltrán, por lo que destacó que el proceso contra "La Reina del Pacífico", ya está agotado. "La investigación que hubo en la PGR, hubo una etapa, hubo un procedimiento y ya está terminado".
Luego de participar en la inauguración del Panel: "Técnicas de Prospección y Excavación en Búsqueda de Restos Óseos Humanos", el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), detalló, que los procedimientos que existían en México en contra de Sandra Ávila Beltrán, han quedado agotados.
Respecto a la situación jurídica de Sandra Beltrán Leyva "La Reina del Pacífico", el subprocurador, Renán Zoreda Novelo, aseguró que "en el caso mexicano fue sentenciada y se agotó su procedimiento, entiendo que ha estado sujeta a procedimientos y estos se han venido agotando. En la PGR ya no existe ninguna investigación contra la mujer, y en general en la PGR lo que puedo señalar es que hubo una investigación, hubo una conclusión del procedimiento y esa etapa ha terminado".
El subprocurador de la PGR, destacó que Sandra Avila Beltrán, "estuvo sujeta a proceso en México, el proceso terminó con una sentencia, después ella fue trasladada a través del proceso de extraditación, para responder por algunos cargos por delitos supuestamente cometidos en un país distinto y ha cumplido en todos los casos".
Tales declaraciones las hizo ante la inminente liberación de "La reina del Pacífico", quien este domingo podrá abandonar la prisión en Estados Unidos, al compurgar la sentencia de 70 meses de prisión que le decretó un juez en la Corte de Miami".
Al respecto, el funcionario de la PGR dijo que las investigaciones y causas penales que se instruyeron en su contra en México han concluido. Explicó que que el gobierno de Estados Unidos decide deportar a Sandra Avila Beltrán a México, "La Reina del Pacífico" no sería detenida, ya que por el momento no existen indagatorias y órdenes de aprehensión vigentes en su contra en el territorio nacional.
A Sandra Avila Beltrán, la PGR, la empezó a investigar por una llamada telefónica que realizó en 2001 uno de los tripulantes del buque Macel (navío que transportaba casi 10 toneladas de alcaloide) a un teléfono celular en el que respondió una persona de apellido "Beltrán", en Manzanillo, Colima. El seguimiento contra Ávila Beltrán se intensificó por su relación con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez "El Tigre", y es cuando empezaron a ser descubiertas diversas propiedades bajo su nombre y que se presumía eran producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la investigación de la PGR y que constan en la causa penal 108/2002, en contra de ella, Juan Diego Espinosa ya era investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Con el fin de obtener una condena más leve, la mexicana selló en abril un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable. En 2004 Estados Unidos la había acusado de asociación ilícita para importar cocaína y asociación ilícita para distribuir al menos 100 kilogramos de esa droga en Estados Unidos.
Avila Beltrán, de 52 años, aceptó su culpabilidad como cómplice de su ex novio, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez. El hombre, que se desempeñaba como enlace entre el cartel mexicano de Sinaloa y el cartel del Norte del Valle de Colombia, se había declarado culpable de acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína en 2009. En su declaración de culpabilidad, Avila Beltrán admitió que facilitó dinero a Espinosa para que viajara y se hospedara sin ser arrestado en México, entre 2002 y 2004.
Las autoridades mexicanas aseguraron tener indicios de que La Reina del Pacífico manejaba un sinnúmero de negocios, entre ellos estéticas, principalmente en Guadalajara, Jalisco; sin embargo, no le pudieron acreditar ningún otro delito más que la portación de arma de fuego.
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