Estudio técnico, análisis y revisión de los criterios para la correcta aplicación de ese ordenamiento legal a la norma 26

Por: Noel F. Alvarado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para la realización de un estudio técnico que permita un análisis y revisión de los criterios para la correcta aplicación de ese ordenamiento legal de la suspendida Norma 26 cumpla el propósito de promover realmente la construcción de vivienda para las familias de menos recursos.
José Guadalupe Medina Romero, director general de Asuntos Jurídicos de la SEDUVI, señaló que el estudio consta de dos niveles de trabajo: el primero corresponde a los aspectos técnico-jurídicos necesarios para contar con una Norma 26 acorde con el objetivo de estudio y, en el segundo, se llevan a cabo las acciones necesarias para lograr consenso sobre las ventajas y oportunidades que tendrá su puesta en marcha.
Mencionó que entre los componentes materia del estudio se encuentran los aspectos urbanos, socio-económicos, financieros y de mercado, así como los jurídicos, para garantizar en el futuro el pleno cumplimiento y observancia del precepto normativo.
El director general de Asuntos Jurídicos de SEDUVI expuso que a casi tres años de la adecuación de la citada norma es necesario evaluar los resultados de su operación en la ciudad, considerando las condiciones de su implementación y las modificaciones en las condiciones sociales y económicas de las 16 demarcaciones territoriales, para determinar la conveniencia de su permanencia, modificación o, en su caso, abrogación.
Recordó que el 19 de agosto pasado la SEDUVI suspendió temporalmente –hasta el próximo 13 de diciembre— la recepción y gestión de solitudes relativas a cualquier acto administrativo relacionado con la aplicación de Norma 26, ante la importancia de mantener el orden urbano y con el fin de realizar un estudio técnico integral sobre contenido, objetivo y alcances, así como su adaptación a la movilidad de la población y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas del Distrito Federal.
Medina Romero concluyó que en la evaluación del citado precepto legal, participan  representantes de las fracciones parlamentarias en la Asamblea del Distrito Federal y funcionarios de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como especialistas en la materia.
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