Arturo R. Pansza
A quien simule un plagio se le impondrán de tres a seis años de prisión o de 200 a 700 jornadas de trabajo, de acuerdo con las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se aprobaron en la Cámara de Diputados.
Con 441 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, los legisladores, durante la sesión de ayer, determinaron aumentar las sanciones e imponer prisión a la persona que simule un plagio y, el documento correspondiente, fue turnado al Senado de la República para su probable ratificación.
Al reformarse los artículos 13 y 14 de esa ley, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo o de tres a seis años de prisión al que simule por sí o por intervención de otra persona, la privación de su libertad.
Resulta que en la actualidad sólo se contemplan penas de hasta 100 jornadas de trabajo.
En lo modificado, se especifica que se impondrán de tres a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con intención de conseguir beneficio económico, causarle daño, u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera. Por el momento se contemplan de dos a ocho años de prisión.
Durante la sesión y antes de la votación de las reformas, se argumentó que la sociedad ha evolucionado y por lo tanto, la delincuencia ha encontrado maneras más sofisticadas de dañar a las personas, por lo que al imponer una sanción mayor para quienes comentan dicha simulación, se evita la repetición y facilidad con que pudieran llevarse a cabo estos actos.
Las consecuencias sobre las víctimas de un secuestro son colectivas, ya que no sólo conlleva a la privación de la libertad de una persona, sino a una serie de daños físicos, psicológicos, económicos y emocionales.
Quedó asentado que el secuestro en sus distintas modalidades es un delito que indigna a la sociedad, daña irreversiblemente a la víctima y a sus familiares y su incremento ha llevado a la necesidad de modificar las sanciones para castigarlo, dándole a la autoridad mecanismos para su persecución.
A quien simule un plagio se le impondrán de tres a seis años de prisión o de 200 a 700 jornadas de trabajo, de acuerdo con las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se aprobaron en la Cámara de Diputados.
Con 441 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, los legisladores, durante la sesión de ayer, determinaron aumentar las sanciones e imponer prisión a la persona que simule un plagio y, el documento correspondiente, fue turnado al Senado de la República para su probable ratificación.
Al reformarse los artículos 13 y 14 de esa ley, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo o de tres a seis años de prisión al que simule por sí o por intervención de otra persona, la privación de su libertad.
Resulta que en la actualidad sólo se contemplan penas de hasta 100 jornadas de trabajo.
En lo modificado, se especifica que se impondrán de tres a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con intención de conseguir beneficio económico, causarle daño, u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera. Por el momento se contemplan de dos a ocho años de prisión.
Durante la sesión y antes de la votación de las reformas, se argumentó que la sociedad ha evolucionado y por lo tanto, la delincuencia ha encontrado maneras más sofisticadas de dañar a las personas, por lo que al imponer una sanción mayor para quienes comentan dicha simulación, se evita la repetición y facilidad con que pudieran llevarse a cabo estos actos.
Las consecuencias sobre las víctimas de un secuestro son colectivas, ya que no sólo conlleva a la privación de la libertad de una persona, sino a una serie de daños físicos, psicológicos, económicos y emocionales.
Quedó asentado que el secuestro en sus distintas modalidades es un delito que indigna a la sociedad, daña irreversiblemente a la víctima y a sus familiares y su incremento ha llevado a la necesidad de modificar las sanciones para castigarlo, dándole a la autoridad mecanismos para su persecución.
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