Noel F. Alvarado
A veinte años del magnicidio del candidato a la presidencia de la República del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, existen dudas y confusión sobre la muerte y las investigaciones que aún no son del todo claras. Pasaron tres responsables de las pesquisas, subprocuradores, fiscales y todo el aparato de la justicia mexicana para el esclarecimiento que concluyó en el fortalecimiento de la hipótesis del asesino solitario, la cual mantiene preso a Mario Aburto Martínez, sentenciado a 42 años, a quien calificaron como un ejemplo del típico magnicida: joven, solitario, sin cómplices ni confidentes, que actúa solo, en público, sin resistirse a la aprehensión y aceptando la responsabilidad; sin embargo, Mario Aburto Martínez, como único responsable y un cúmulo de dudas que han hecho crecer la sospecha del asesino solitario y más, cuando la propia familia de Luis Donaldo, reclamó justicia y expresar que "reclamar justicia no significa demandar un ajuste de cuentas o actos de venganza". La justicia le ha sido negada a Donaldo, expresó el padre de Luis Donaldo y declaró que no creía en la tesis del asesino solitario, aunque atribuía el magnicidio a un intento por 'desestabilizar al país' sin señalar a nadie en específico. A la duda del asesino solitario, se sumó la familia de Aburto, quien exclamó que "Mario no mató a Colosio pero se confesó culpable porque estaba amenazado de muerte". A la pregunta sobre quién mató al político, María Luisa Martínez responsabilizó al "gobierno de México". El complot o acción concertada, contra Luis Donaldo, fue analizada por autoridades mexicanas y extranjeras, sin embargo, fue desechada, aunque la primera hipótesis aseguró que participaron al menos siete personas en formación diamante. Inclusive en su momento se habló de una emboscada contra Luis Donaldo Colosio.
La hipótesis del crimen cometido por gente ligada al narcotráfico, que señalaba que Colosio había sido ejecutado a pedido de líderes de cárteles criminales, también fue desechada.
Políticos a nivel federal, estatal y municipal; militares, mandos medios y superiores de corporaciones policiacas, comandantes, policías municipales, estatales y federales, así como expolicías, fueron detenidos interrogados y acusados de participar en el crimen; sin embargo, todos fueron puestos en libertad y, por ello, se les fincó responsabilidad penal a quienes los acusaron por falsedad de declaraciones, los cuales también están libres. Veinte años han pasado de este crimen político que conmovió a México trascendió fronteras y, aún existen muchas dudas sobre este magnicidio.
El 23 de marzo de 1994 marcó un antes y un después en la política mexicana, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muchos quedaron consternados, pues sufrieron y lloraron su muerte; otros lamentaron el deceso; otros se beneficiaron en lo político, en tanto que otros más lograron su objetivo, pues Luis Donaldo desde sus primeros discursos de campaña, marcó una política y un discurso diferente al acostumbrado en el PRI. Marcó una forma de gobernar diferente, con una visión más pegada a la realidad y con ganas de sacar al país de la pobreza, la marginación y la sed de justicia.
La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Alvaro Obregón en 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población.
La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado por políticos poderosos a través de asesores; sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez, como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde 2000.
Muchas de las sospechas en el caso Colosio se generaron durante las horas y días inmediatos, debido a que las primeras investigaciones se realizaron en medio de un ambiente caótico en el que se ignoraron los protocolos mínimos de criminalística y se duplicaron funciones entre autoridades, todo lo cual se vio agravado por la presión política y mediática para hallar a los responsables del crimen.
La tarde y noche del 23 de marzo, cuando la atención estaba centrada en la salud del candidato, la delegación de la PGR en Baja California fue completamente rebasada, lo que provocó la intervención atropellada de varias autoridades sin un hilo conductor. Así, mientras el Estado Mayor capturó y consignó al agresor, además de hallar el arma y una bala en la escena del crimen, por su cuenta la Policía Municipal aseguró y revisó las pertenencias del agresor, mientras que policías judiciales estatales detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega como sospechoso, pero fue el subdelegado Raúl Loza quien encabezó el anárquico primer interrogatorio de Aburto.
Durante esas primeras horas, se cometieron errores tan elementales como no preservar la escena del crimen, donde los peritos ministeriales y periciales reconstruyeron los hechos sin seguir un protocolo; la necropsia se realizó ante demasiadas personas, entre médicos y miembros del EMP, con una deficiente descripción del cadáver y sin establecer el plano de sustentación que permitiría determinar la trayectoria de los disparos. Además, por un descuido los peritos "lavaron" la ojiva hallada en Lomas Taurinas. Las teorías conspirativas aseguran que todas estas pifias fueron intencionales, con el fin de obstaculizar el esclarecimiento del caso.
El entonces titular de la PGR, Diego Valadés Ríos llegó a Tijuana pocas horas después del crimen y estuvo a cargo de las indagatorias durante sólo cuatro días. La mañana del 24 de marzo confirmó la identidad de Mario Aburto como el autor de los dos disparos contra Colosio, y después estableció la existencia de cómplices al acusar a Tranquilino Sánchez Venegas de haber abierto el paso al asesino. También dictaminó la posición víctima-victimario. En su primer informe, dijo:
De los múltiples datos aportados por los testigos oculares y de los elementos periciales obtenidos, quedó confirmado que Mario Aburto Martínez fue quien privó de la vida a Luis Donaldo Colosio. Realizó dos disparos, uno directamente en la cabeza y otro en la región abdominal. El primero, mortal por necesidad. Ambos, con entrada y salida del proyectil.
En la investigación de este crimen el gobierno federal ejerció la facultad de "atracción" a favor de la PGR, aunque por ley correspondía en primera instancia al gobierno local al tratarse de un delito del fuero común. Sin una justificación legal convincente, el objetivo real fue dejar fuera a los gobiernos de Baja California y Tijuana, que presidían los panistas Ernesto Ruffo Appel y Héctor Osuna, respectivamente. Este "marginación" inició incluso antes: el 21 de marzo, integrantes del grupo de seguridad para el mitin, por órdenes expresas del líder del PRI en Tijuana, Antonio Cano Jiménez, se entrevistaron con el director de Seguridad Pública municipal, Federico Benítez López, pidiéndole que ningún policía local estuviera presente en el mitin, excepto cuatro motociclistas para despejar la calle de acceso.
El funcionario aceptó, pero envió unilateralmente a elementos del Grupo Táctico Especial al parque Reforma, cercano a Lomas Taurinas. Después, a las autoridades estatales y locales se les impidió participar tanto en el interrogatorio a Aburto como en la autopsia al cadáver de Colosio, aunque por ley estaban obligadas a estar presentes.
Miguel Montes da marcha atrás en el caso. Durante las exequias, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, decidió crear una subprocuraduría especial en la PGR para el caso. Le pidió a Diana Laura Riojas -esposa de Luis Donaldo-, su opinión sobre Santiago Oñate Laborde, entonces encargado de asuntos internacionales de la campaña, además de amigo tanto de Colosio como del propio Presidente, para dirigirla. La viuda objetó dicha cercanía y su escasa experiencia en investigaciones criminales, y a su vez propuso al destacado jurista y docente Miguel Montes García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Montes García estuvo a cargo del caso a partir del lunes 28 de marzo de 1994. A su equipo, dirigido por Emilio Islas Rangel, entonces director de la Interpol México, les llevó menos de una semana plantearse la teoría de la "acción concertada" para matar a Colosio, mediante el análisis de los videos disponibles. En esos días, agentes de la PGR detuvieron a 44 integrantes del Grupo Tucán, acrónimo de la frase "Todos Unidos contra Acción Nacional", "una suerte de club social de agentes judiciales retirados o desempleados que se ofrecieron generosamente a participar en la vigilancia del mitin", y los presentaron ante el ministerio público. Veinte de ellos reconocieron haber estado en Lomas Taurinas; tres -Vicente y Rodolfo Mayoral, y Rodolfo Rivapalacio- fueron enviados en avión a la ciudad de México, y de ahí al penal de máxima seguridad de Almoloya, a donde ingresaron el viernes 1o. de abril.
Un día antes, el fiscal se reunió con Carlos Salinas en la residencia oficial de Los Pinos para mostrarle el análisis del video en el que se advierte un complot para asesinar a Colosio, en el que asegura participaron al menos siete personas en formación diamante, ubicando en la operación, entre otros, a Tranquilino Sánchez y a dos jóvenes a quienes en principio identifican como "El Lentes" y "El Clavadista". El Presidente autorizó la difusión de los resultados. El lunes 4 de abril, Montes informó a los medios de comunicación que la agresión al candidato del PRI fue producto de una "acción concertada" en la que tomaron parte, además de Aburto y Tranquilino Sánchez, Rivapalacio, los Mayoral y otros integrantes del Grupo Tucán. Calificó la tesis del asesino solitario como insostenible. Además, reconoció que la bala hallada pudo ser sembrada.
La línea de investigación empezó a cambiar cuando se hicieron exámenes de personalidad a Aburto y se analizaron sus cuadernos (el famoso "libro de actas"), que empezaron a conformar el perfil de un único autor intelectual y material. Además, sin nueva evidencia contra los inculpados, comenzó a tomar fuerza la tesis del "asesino solitario". Así, el 14 de julio, apenas tres meses y medio después de que anunció con total seguridad, que a Colosio le habían tendido una emboscada, Miguel Montes apareció de nuevo diciendo exactamente lo contrario: al no hallarse nuevos elementos de prueba a favor de la acción concertada, consideró agotada la investigación, por lo que afirmó que Mario Aburto fue el único planificador y autor del homicidio, y atribuyó sus acciones a una motivación política. Además, sostuvo que luego de recibir el impacto en la cabeza, Colosio giró 90 grados sobre su eje en dirección contraria a las manecillas del reloj, lo que le permitió a Aburto hacer el segundo disparo. Desacreditado, en medio de críticas y una incredulidad generalizada, el jurista ese mismo día presentó su renuncia a la Subprocuraduría.
El 1o. de junio de 1994, Montes informó los resultados de la investigación a Diana Laura Riojas, quien no los aceptó. La viuda calificó la tesis del asesino solitario como "poco convincente".
La jurista y académica Olga Islas de González Mariscal, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue puesta a cargo del caso el 18 de julio de 1994. Inició con 31 líneas de investigación, que se centraron en reconstruir los hechos inmediatamente posteriores al asesinato y remarcar las omisiones de sus predecesores. Sin asumir una postura específica sobre el autor solitario o la acción concertada, su conclusión más importante fue establecer que Aburto fue interrogado fuera de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su traslado a la ciudad de México, y confirmó la presencia de un personaje no identificado que viajó en el avión con el asesino y sus custodios. Dejó abiertas catorce líneas de investigación. Durante su gestión Aburto fue sentenciado en primera instancia a 42 años de prisión.
Con la llegada a la Presidencia de Ernesto Zedillo y el nombramiento del panista Antonio Lozano Gracia al frente de la PGR, Pablo Chapa Bezanilla asumió el caso el 16 de diciembre de 1994. A la subprocuraduría se le asignaron también las investigaciones de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el político José Francisco Ruiz Massieu, por lo que una de sus directivas fue encontrar posibles nexos entre los tres crímenes.
En enero del año siguiente -1995-, el caso Colosio dio un vuelco cuando Chapa resucitó la hipótesis de la "acción concertada" por medio de un segundo tirador, quien se habría ubicado al lado izquierdo del candidato y le habría disparado en sedal al abdomen. El subprocurador calificó las teorías del giro de 180 grados y el homicida único como "técnicamente imposibles", y reconoció que la escena del crimen no sólo no fue preservada, sino que se le manipuló al afirmar que la bala hallada en Lomas Taurinas fue sembrada. El 24 de febrero se detuvo a Othón Cortés Vázquez, uno de los integrantes del Grupo Omega que fungía como chofer en la comitiva de Colosio. También consignó a Fernando de la Sota y a su subalterno Alejandro García Hinojosa, por falsear declaraciones.
La PGR sustentó la acusación contra Cortés Vázquez sobre todo en tres testigos que afirmaron haberlo visto con un arma apuntando al costado izquierdo de Colosio, y uno de ellos incluso lo vio disparar.
La gestión de Chapa terminó luego de que el 7 de agosto de 1996 el juez de la causa absolvió a Cortés Vázquez al desestimar a los testigos y considerar que el estudio criminalístico del segundo tirador presentado por la subprocuraduría, que además sustentaba la tesis de la bala sembrada, era inconsistente.
Además, por falta de pruebas salieron libres Vicente y Rodolfo Mayoral, así como Tranquilino Sánchez. De esta manera, luego de más de dos años del crimen, las investigaciones regresaron al punto de inicio, con Mario Aburto como único responsable y un cúmulo de dudas que hicieron crecer la sospecha. Pocos días después Lozano Gracia y Chapa Bezanilla fueron removidos de la PGR. Este último dejó las investigaciones en medio del descrédito, luego de que se supo que fabricó evidencias, recurrió a una vidente en el caso Ruiz Massieu, y sostuvo la tesis de que el cardenal Posadas Ocampo fue asesinado al ser confundido con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", hipótesis que, como la del caso Colosio, muy pocos creen.
Con la investigación prácticamente sin ningún resultado, el 31 de agosto de 1996 Ernesto Zedillo designó al frente de la subprocuraduría al abogado y docente Luis Raúl González Pérez, quien como primer punto de su agenda, el 18 de septiembre de ese año, presentó 27 líneas de investigación. Dado el entorno de escepticismo e incredulidad, una de sus consignas fue poner "orden" en las pesquisas, además de esclarecer todas las sospechas -en total, agendó unas 300- hasta agotarlas.
Luego de indagar en torno a las 27 líneas, al final sólo quedaron las que se referían al móvil por narcotráfico (que decía que Colosio había sido ejecutado a pedido de líderes de cárteles criminales) y por el entorno político, y ambas se desecharon al no hallarse pruebas consistentes.
La conclusión legal fue que Mario Aburto Martínez fue el autor del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Se desestimaron, "por contradictorios e inconsistentes", los testimonios de quienes afirmaron haber visto a Aburto reuniéndose con los integrantes del Grupo Tucán. Se descartó la tesis de la acción concertada porque la evidencia es "equívoca o está desvirtuada", ya que "jurídicamente se trata aquí de una acción de interpretación equívoca o susceptible de tener diversas apreciaciones o significados y no de contenido unívoco o que no deja lugar a dudas".
El subprocurador también le tomó declaración durante 12 horas, el 28 de noviembre de 1996, a Carlos Salinas de Gortari, quien residía entonces en Dublín. Aunque este hecho generó expectación porque fue la primera vez que un expresidente de la República compareció en un juicio penal, su testimonio no fue relevante para esclarecer el caso.
Así, con un expediente de 68,000 fojas en 174 tomos y 1,993 declaraciones, la actuación legal de González Pérez se limitó a confirmar el alegato y la sentencia de 45 años de prisión contra Aburto como único autor del crimen, y contra las tres personas que acusaron a Othón Cortés, por falsear declaraciones. Con ello, la Subprocuraduría Especial se extinguió en el año 2000, poco antes de la llegada al poder federal del panista Vicente Fox Quesada.
La última alusión a esta investigación de parte del gobierno mexicano fue en marzo de 2006, cuando el entonces vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, afirmó que para las autoridades el caso Colosio "está jurídicamente cerrado".
Al cerrar el caso, vinieron las reacciones. Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, falleció el 18 de noviembre de 1994 en el Hospital Médica Sur de la ciudad de México. Diagnosticada de cáncer en 1990, durante los casi ocho meses que le sobrevivió a su esposo no aceptó la tesis del asesino solitario y expresó estar convencida de que en Lomas Taurinas se había montado un complot. Aunque ella personalmente había sugerido a Miguel Montes para dirigir la Subprocuraduría Especial, conforme el jurista fue virando las investigaciones hacia la tesis del magnicida único, su relación se fue tensando. La viuda decidió nombrar al abogado Juan Velázquez como su representante legal. Finalmente Montes renunció al caso y el Presidente Salinas volvió a presentar una terna a Riojas, de la que finalmente eligió a Olga Islas. En julio de 1994 y afirmó: "A casi cuatro meses de distancia y ante el cariz que han tomado los recientes sucesos relacionados con el atentado, considero que será muy difícil saber la verdad en breve sobre la muerte de mi marido".
La hipótesis del crimen cometido por gente ligada al narcotráfico, que señalaba que Colosio había sido ejecutado a pedido de líderes de cárteles criminales, también fue desechada.
Políticos a nivel federal, estatal y municipal; militares, mandos medios y superiores de corporaciones policiacas, comandantes, policías municipales, estatales y federales, así como expolicías, fueron detenidos interrogados y acusados de participar en el crimen; sin embargo, todos fueron puestos en libertad y, por ello, se les fincó responsabilidad penal a quienes los acusaron por falsedad de declaraciones, los cuales también están libres. Veinte años han pasado de este crimen político que conmovió a México trascendió fronteras y, aún existen muchas dudas sobre este magnicidio.
El 23 de marzo de 1994 marcó un antes y un después en la política mexicana, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muchos quedaron consternados, pues sufrieron y lloraron su muerte; otros lamentaron el deceso; otros se beneficiaron en lo político, en tanto que otros más lograron su objetivo, pues Luis Donaldo desde sus primeros discursos de campaña, marcó una política y un discurso diferente al acostumbrado en el PRI. Marcó una forma de gobernar diferente, con una visión más pegada a la realidad y con ganas de sacar al país de la pobreza, la marginación y la sed de justicia.
La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Alvaro Obregón en 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población.
La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado por políticos poderosos a través de asesores; sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez, como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde 2000.
Muchas de las sospechas en el caso Colosio se generaron durante las horas y días inmediatos, debido a que las primeras investigaciones se realizaron en medio de un ambiente caótico en el que se ignoraron los protocolos mínimos de criminalística y se duplicaron funciones entre autoridades, todo lo cual se vio agravado por la presión política y mediática para hallar a los responsables del crimen.
La tarde y noche del 23 de marzo, cuando la atención estaba centrada en la salud del candidato, la delegación de la PGR en Baja California fue completamente rebasada, lo que provocó la intervención atropellada de varias autoridades sin un hilo conductor. Así, mientras el Estado Mayor capturó y consignó al agresor, además de hallar el arma y una bala en la escena del crimen, por su cuenta la Policía Municipal aseguró y revisó las pertenencias del agresor, mientras que policías judiciales estatales detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega como sospechoso, pero fue el subdelegado Raúl Loza quien encabezó el anárquico primer interrogatorio de Aburto.
Durante esas primeras horas, se cometieron errores tan elementales como no preservar la escena del crimen, donde los peritos ministeriales y periciales reconstruyeron los hechos sin seguir un protocolo; la necropsia se realizó ante demasiadas personas, entre médicos y miembros del EMP, con una deficiente descripción del cadáver y sin establecer el plano de sustentación que permitiría determinar la trayectoria de los disparos. Además, por un descuido los peritos "lavaron" la ojiva hallada en Lomas Taurinas. Las teorías conspirativas aseguran que todas estas pifias fueron intencionales, con el fin de obstaculizar el esclarecimiento del caso.
El entonces titular de la PGR, Diego Valadés Ríos llegó a Tijuana pocas horas después del crimen y estuvo a cargo de las indagatorias durante sólo cuatro días. La mañana del 24 de marzo confirmó la identidad de Mario Aburto como el autor de los dos disparos contra Colosio, y después estableció la existencia de cómplices al acusar a Tranquilino Sánchez Venegas de haber abierto el paso al asesino. También dictaminó la posición víctima-victimario. En su primer informe, dijo:
De los múltiples datos aportados por los testigos oculares y de los elementos periciales obtenidos, quedó confirmado que Mario Aburto Martínez fue quien privó de la vida a Luis Donaldo Colosio. Realizó dos disparos, uno directamente en la cabeza y otro en la región abdominal. El primero, mortal por necesidad. Ambos, con entrada y salida del proyectil.
En la investigación de este crimen el gobierno federal ejerció la facultad de "atracción" a favor de la PGR, aunque por ley correspondía en primera instancia al gobierno local al tratarse de un delito del fuero común. Sin una justificación legal convincente, el objetivo real fue dejar fuera a los gobiernos de Baja California y Tijuana, que presidían los panistas Ernesto Ruffo Appel y Héctor Osuna, respectivamente. Este "marginación" inició incluso antes: el 21 de marzo, integrantes del grupo de seguridad para el mitin, por órdenes expresas del líder del PRI en Tijuana, Antonio Cano Jiménez, se entrevistaron con el director de Seguridad Pública municipal, Federico Benítez López, pidiéndole que ningún policía local estuviera presente en el mitin, excepto cuatro motociclistas para despejar la calle de acceso.
El funcionario aceptó, pero envió unilateralmente a elementos del Grupo Táctico Especial al parque Reforma, cercano a Lomas Taurinas. Después, a las autoridades estatales y locales se les impidió participar tanto en el interrogatorio a Aburto como en la autopsia al cadáver de Colosio, aunque por ley estaban obligadas a estar presentes.
Miguel Montes da marcha atrás en el caso. Durante las exequias, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, decidió crear una subprocuraduría especial en la PGR para el caso. Le pidió a Diana Laura Riojas -esposa de Luis Donaldo-, su opinión sobre Santiago Oñate Laborde, entonces encargado de asuntos internacionales de la campaña, además de amigo tanto de Colosio como del propio Presidente, para dirigirla. La viuda objetó dicha cercanía y su escasa experiencia en investigaciones criminales, y a su vez propuso al destacado jurista y docente Miguel Montes García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Montes García estuvo a cargo del caso a partir del lunes 28 de marzo de 1994. A su equipo, dirigido por Emilio Islas Rangel, entonces director de la Interpol México, les llevó menos de una semana plantearse la teoría de la "acción concertada" para matar a Colosio, mediante el análisis de los videos disponibles. En esos días, agentes de la PGR detuvieron a 44 integrantes del Grupo Tucán, acrónimo de la frase "Todos Unidos contra Acción Nacional", "una suerte de club social de agentes judiciales retirados o desempleados que se ofrecieron generosamente a participar en la vigilancia del mitin", y los presentaron ante el ministerio público. Veinte de ellos reconocieron haber estado en Lomas Taurinas; tres -Vicente y Rodolfo Mayoral, y Rodolfo Rivapalacio- fueron enviados en avión a la ciudad de México, y de ahí al penal de máxima seguridad de Almoloya, a donde ingresaron el viernes 1o. de abril.
Un día antes, el fiscal se reunió con Carlos Salinas en la residencia oficial de Los Pinos para mostrarle el análisis del video en el que se advierte un complot para asesinar a Colosio, en el que asegura participaron al menos siete personas en formación diamante, ubicando en la operación, entre otros, a Tranquilino Sánchez y a dos jóvenes a quienes en principio identifican como "El Lentes" y "El Clavadista". El Presidente autorizó la difusión de los resultados. El lunes 4 de abril, Montes informó a los medios de comunicación que la agresión al candidato del PRI fue producto de una "acción concertada" en la que tomaron parte, además de Aburto y Tranquilino Sánchez, Rivapalacio, los Mayoral y otros integrantes del Grupo Tucán. Calificó la tesis del asesino solitario como insostenible. Además, reconoció que la bala hallada pudo ser sembrada.
La línea de investigación empezó a cambiar cuando se hicieron exámenes de personalidad a Aburto y se analizaron sus cuadernos (el famoso "libro de actas"), que empezaron a conformar el perfil de un único autor intelectual y material. Además, sin nueva evidencia contra los inculpados, comenzó a tomar fuerza la tesis del "asesino solitario". Así, el 14 de julio, apenas tres meses y medio después de que anunció con total seguridad, que a Colosio le habían tendido una emboscada, Miguel Montes apareció de nuevo diciendo exactamente lo contrario: al no hallarse nuevos elementos de prueba a favor de la acción concertada, consideró agotada la investigación, por lo que afirmó que Mario Aburto fue el único planificador y autor del homicidio, y atribuyó sus acciones a una motivación política. Además, sostuvo que luego de recibir el impacto en la cabeza, Colosio giró 90 grados sobre su eje en dirección contraria a las manecillas del reloj, lo que le permitió a Aburto hacer el segundo disparo. Desacreditado, en medio de críticas y una incredulidad generalizada, el jurista ese mismo día presentó su renuncia a la Subprocuraduría.
El 1o. de junio de 1994, Montes informó los resultados de la investigación a Diana Laura Riojas, quien no los aceptó. La viuda calificó la tesis del asesino solitario como "poco convincente".
La jurista y académica Olga Islas de González Mariscal, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue puesta a cargo del caso el 18 de julio de 1994. Inició con 31 líneas de investigación, que se centraron en reconstruir los hechos inmediatamente posteriores al asesinato y remarcar las omisiones de sus predecesores. Sin asumir una postura específica sobre el autor solitario o la acción concertada, su conclusión más importante fue establecer que Aburto fue interrogado fuera de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su traslado a la ciudad de México, y confirmó la presencia de un personaje no identificado que viajó en el avión con el asesino y sus custodios. Dejó abiertas catorce líneas de investigación. Durante su gestión Aburto fue sentenciado en primera instancia a 42 años de prisión.
Con la llegada a la Presidencia de Ernesto Zedillo y el nombramiento del panista Antonio Lozano Gracia al frente de la PGR, Pablo Chapa Bezanilla asumió el caso el 16 de diciembre de 1994. A la subprocuraduría se le asignaron también las investigaciones de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el político José Francisco Ruiz Massieu, por lo que una de sus directivas fue encontrar posibles nexos entre los tres crímenes.
En enero del año siguiente -1995-, el caso Colosio dio un vuelco cuando Chapa resucitó la hipótesis de la "acción concertada" por medio de un segundo tirador, quien se habría ubicado al lado izquierdo del candidato y le habría disparado en sedal al abdomen. El subprocurador calificó las teorías del giro de 180 grados y el homicida único como "técnicamente imposibles", y reconoció que la escena del crimen no sólo no fue preservada, sino que se le manipuló al afirmar que la bala hallada en Lomas Taurinas fue sembrada. El 24 de febrero se detuvo a Othón Cortés Vázquez, uno de los integrantes del Grupo Omega que fungía como chofer en la comitiva de Colosio. También consignó a Fernando de la Sota y a su subalterno Alejandro García Hinojosa, por falsear declaraciones.
La PGR sustentó la acusación contra Cortés Vázquez sobre todo en tres testigos que afirmaron haberlo visto con un arma apuntando al costado izquierdo de Colosio, y uno de ellos incluso lo vio disparar.
La gestión de Chapa terminó luego de que el 7 de agosto de 1996 el juez de la causa absolvió a Cortés Vázquez al desestimar a los testigos y considerar que el estudio criminalístico del segundo tirador presentado por la subprocuraduría, que además sustentaba la tesis de la bala sembrada, era inconsistente.
Además, por falta de pruebas salieron libres Vicente y Rodolfo Mayoral, así como Tranquilino Sánchez. De esta manera, luego de más de dos años del crimen, las investigaciones regresaron al punto de inicio, con Mario Aburto como único responsable y un cúmulo de dudas que hicieron crecer la sospecha. Pocos días después Lozano Gracia y Chapa Bezanilla fueron removidos de la PGR. Este último dejó las investigaciones en medio del descrédito, luego de que se supo que fabricó evidencias, recurrió a una vidente en el caso Ruiz Massieu, y sostuvo la tesis de que el cardenal Posadas Ocampo fue asesinado al ser confundido con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", hipótesis que, como la del caso Colosio, muy pocos creen.
Luego de indagar en torno a las 27 líneas, al final sólo quedaron las que se referían al móvil por narcotráfico (que decía que Colosio había sido ejecutado a pedido de líderes de cárteles criminales) y por el entorno político, y ambas se desecharon al no hallarse pruebas consistentes.
La conclusión legal fue que Mario Aburto Martínez fue el autor del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Se desestimaron, "por contradictorios e inconsistentes", los testimonios de quienes afirmaron haber visto a Aburto reuniéndose con los integrantes del Grupo Tucán. Se descartó la tesis de la acción concertada porque la evidencia es "equívoca o está desvirtuada", ya que "jurídicamente se trata aquí de una acción de interpretación equívoca o susceptible de tener diversas apreciaciones o significados y no de contenido unívoco o que no deja lugar a dudas".
El subprocurador también le tomó declaración durante 12 horas, el 28 de noviembre de 1996, a Carlos Salinas de Gortari, quien residía entonces en Dublín. Aunque este hecho generó expectación porque fue la primera vez que un expresidente de la República compareció en un juicio penal, su testimonio no fue relevante para esclarecer el caso.
Así, con un expediente de 68,000 fojas en 174 tomos y 1,993 declaraciones, la actuación legal de González Pérez se limitó a confirmar el alegato y la sentencia de 45 años de prisión contra Aburto como único autor del crimen, y contra las tres personas que acusaron a Othón Cortés, por falsear declaraciones. Con ello, la Subprocuraduría Especial se extinguió en el año 2000, poco antes de la llegada al poder federal del panista Vicente Fox Quesada.
La última alusión a esta investigación de parte del gobierno mexicano fue en marzo de 2006, cuando el entonces vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, afirmó que para las autoridades el caso Colosio "está jurídicamente cerrado".
Al cerrar el caso, vinieron las reacciones. Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, falleció el 18 de noviembre de 1994 en el Hospital Médica Sur de la ciudad de México. Diagnosticada de cáncer en 1990, durante los casi ocho meses que le sobrevivió a su esposo no aceptó la tesis del asesino solitario y expresó estar convencida de que en Lomas Taurinas se había montado un complot. Aunque ella personalmente había sugerido a Miguel Montes para dirigir la Subprocuraduría Especial, conforme el jurista fue virando las investigaciones hacia la tesis del magnicida único, su relación se fue tensando. La viuda decidió nombrar al abogado Juan Velázquez como su representante legal. Finalmente Montes renunció al caso y el Presidente Salinas volvió a presentar una terna a Riojas, de la que finalmente eligió a Olga Islas. En julio de 1994 y afirmó: "A casi cuatro meses de distancia y ante el cariz que han tomado los recientes sucesos relacionados con el atentado, considero que será muy difícil saber la verdad en breve sobre la muerte de mi marido".
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