Alejandro Colón
El general Martín Cordero Luqueño, comandante de la IX región militar en el Estado de Guerrero, ofreció a organizaciones reglamentar a las Policías Comunitarias de Guerrero y mediante una credencialización de los miembros y registro de sus armas podrán actuar en sus comunidades.
En un encuentro Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se acordó que el Ejército garantizará la movilidad de miembros armados de las Policías Comunitarias por caminos de la entidad previa notificación de ruta al XLVIII Batallón de Infantería.
Dicho acuerdo fue tomado en Casa Guerrero, Chilpancingo, donde estuvieron presentes además de José Narro Céspedes, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el Procurador General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera.
También participaron el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, el teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y Ramón Navarrete, presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, así como el asesor del gobernador, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez.
El reconocimiento del derecho de la CRAC a portar armas de grueso calibre por parte del Ejército y del gobierno del Estado de Guerrero, tendrá que ser reforzado por la credencialización de todos y cada uno de los miembros de las Policías Comunitarias con el fin de distinguir CRAC de grupos ilegales de civiles armados.
En este sentido, los representantes del gobierno afirmaron que sólo serán credencializados los miembros de la CRAC, y que cualquier persona con armas y/o uniforme sin credencial será remitida a las autoridades federales para que sea procesada por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Además, el gobierno de Guerrero solicitó la elaboración de asambleas en cada comunidad con el fin de que los miembros ratifiquen la operación de las Policías Comunitarias.
Las asambleas serán acompañadas por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por notarios públicos que darán fe de los resultados de éstas y del componente indígena y rural establecido en Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Asimismo las determinaciones serán tomadas con respecto al armamento que se dan en el marco del artículo 37 de la ley referida. Además, el mismo artículo dice que "El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública".
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al cual son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, y consiste en trabajo social a favor de las comunidades.
En este orden de ideas, el Ejército garantizará la movilidad de miembros armados de las Policías Comunitarias de la CRAC por caminos, previa notificación de los coordinadores al 48o. Batallón de Infantería a través de oficio, donde deberán establecer ruta y objetivo del traslado.
De esta manera, el gobierno del Estado de Guerrero, el Ejército y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias dan certidumbre a la lucha que desde 1995 dan a partir de la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado.
Cabe mencionar que la Policía Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de policías comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC.
El general Martín Cordero Luqueño, comandante de la IX región militar en el Estado de Guerrero, ofreció a organizaciones reglamentar a las Policías Comunitarias de Guerrero y mediante una credencialización de los miembros y registro de sus armas podrán actuar en sus comunidades.
En un encuentro Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se acordó que el Ejército garantizará la movilidad de miembros armados de las Policías Comunitarias por caminos de la entidad previa notificación de ruta al XLVIII Batallón de Infantería.
Dicho acuerdo fue tomado en Casa Guerrero, Chilpancingo, donde estuvieron presentes además de José Narro Céspedes, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el Procurador General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera.
También participaron el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, el teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y Ramón Navarrete, presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, así como el asesor del gobernador, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez.
El reconocimiento del derecho de la CRAC a portar armas de grueso calibre por parte del Ejército y del gobierno del Estado de Guerrero, tendrá que ser reforzado por la credencialización de todos y cada uno de los miembros de las Policías Comunitarias con el fin de distinguir CRAC de grupos ilegales de civiles armados.
Además, el gobierno de Guerrero solicitó la elaboración de asambleas en cada comunidad con el fin de que los miembros ratifiquen la operación de las Policías Comunitarias.
Las asambleas serán acompañadas por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por notarios públicos que darán fe de los resultados de éstas y del componente indígena y rural establecido en Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Asimismo las determinaciones serán tomadas con respecto al armamento que se dan en el marco del artículo 37 de la ley referida. Además, el mismo artículo dice que "El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública".
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al cual son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, y consiste en trabajo social a favor de las comunidades.
De esta manera, el gobierno del Estado de Guerrero, el Ejército y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias dan certidumbre a la lucha que desde 1995 dan a partir de la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado.
Cabe mencionar que la Policía Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de policías comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC.
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