DALLAS, Texas, (Notimex).- Aun cuando la ejecución del reo mexicano Ramiro Hernández Llanes continúa actualmente suspendida por una orden judicial, las posibilidades de que logre evitar que Texas le aplique el castigo capital este miércoles por el homicidio de un ranchero en 1997 no son halagadoras.
El mexicano, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tiene múltiples argumentos válidos para buscar posponer su ejecución, aunque todos ellos han sido refutados por las cortes ya sea de manera directa o en forma indirecta al haber sido expuestos por otros reos.
En el último argumento presentado por su defensa, la semana pasada, la magistrada federal Vanessa Gilmore ordenó suspender la ejecución de Hernández, programada para el próximo miércoles, hasta que las autoridades estatales den a conocer el nombre del fabricante de la inyección letal que se usará en el procedimiento para quitarle la vida.
Gilmore también ordenó suspender por los mismos motivos la ejecución del homicida convicto Tommy Lynn Sells.
Sin embargo, la suspensión de la ejecución de Sells duró sólo unas cuantas horas y el reo recibió la inyección letal la tarde del jueves pasado en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Hunstville, Texas, sitio en el que podría ser ejecutado Hernández.
La Corte Federal de Apelaciones del V Circuito, con sede en Nueva Orleans, desechó los argumentos expuestos por los abogados de Sells para mantener la suspensión del castigo capital en su contra.
Y aun cuando la argumentación legal es exactamente la misma en el caso de Hernández Llanes, la Corte Federal de Apelaciones, anotó que su dictamen trataba únicamente la apelación de Sells.
"La apelación de Hernández será resuelta por otro panel en una fecha posterior", anotó la Corte en su dictamen del pasado 2 de abril.
En consecuencia, la ejecución se mantiene suspendida, aunque bajo una argumentación que ya fue desechada en el caso de Sells.
Diferentes cortes han rechazado ya otros argumentos quizás más fuertes presentados por los abogados defensores del mexicano de 44 años de edad.
El pasado 31 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar una apelación que argumentaba que Hernández Llanes padece de sus facultades mentales, lo que lo haría inelegible para la aplicación del castigo capital.
Los abogados defensores argumentaron que su coeficiente intelectual era menor a 70 puntos, lo que lo colocaba como un discapacitado mental inelegible para la pena de muerte.
La defensa también sostenía en la apelación que su cliente no recibió una defensa legal apropiada durante su juicio por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, el 15 de octubre de 1997.
El hecho que Hernández Llanes sea otro de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no ha tenido ninguna importancia legal a su favor.
El fallo de la CIJ ordena a Estados Unidos revisar todos estos casos, dado que en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías como ciudadanos extranjeros.
Texas se ha negado en forma reiterada a acatar la orden de la CIJ y en pleno desafío al derecho internacional ya aplicó la pena de muerte a tres mexicanos enlistada en el fallo de ese tribunal, el último de ellos, Edgar Tamayo, el pasado 22 de enero.
Hernández Llanes recibió la fecha de ejecución en enero pasado tras haber agotado sus recursos ante las cortes federales y estatales.
Al mexicano sólo le queda como opción apelar a que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, emita antes de este miércoles una recomendación al gobernador Rick Perry para que se posponga su ejecución, algo que se ve altamente improbable.
La junta sólo ha emitido en los últimos 15 años un par de recomendaciones de posposición de ejecuciones.
Hernández Llanes, trabajaba para Lich, como ayudante cuando irrumpió en la casa del ranchero de 49 años de edad y lo mató a golpes con una barra de hierro.
Según el reporte de la policía que investigó el homicidio, Hernández ató luego a la esposa de Lich y la violó.
El crimen despertó la indignación de los residentes del Condado de Kerr, un área rural escasamente poblada, de forma que los abogados defensores de Hernández promovieron que su juicio fuera trasladado a otra jurisdicción para que se pudiera elegir a un jurado que no estuviera influido por el incidente.
El proceso contra Hernández fue trasladado al condado de Bandera, donde en 2000 un jurado lo declaró culpable de homicidio capital y lo sentenció a la pena de muerte.
Los miembros del jurado deliberaron sólo cinco minutos para sentenciarlo al castigo capital.
El mexicano, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tiene múltiples argumentos válidos para buscar posponer su ejecución, aunque todos ellos han sido refutados por las cortes ya sea de manera directa o en forma indirecta al haber sido expuestos por otros reos.
Gilmore también ordenó suspender por los mismos motivos la ejecución del homicida convicto Tommy Lynn Sells.
Sin embargo, la suspensión de la ejecución de Sells duró sólo unas cuantas horas y el reo recibió la inyección letal la tarde del jueves pasado en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Hunstville, Texas, sitio en el que podría ser ejecutado Hernández.
La Corte Federal de Apelaciones del V Circuito, con sede en Nueva Orleans, desechó los argumentos expuestos por los abogados de Sells para mantener la suspensión del castigo capital en su contra.
Y aun cuando la argumentación legal es exactamente la misma en el caso de Hernández Llanes, la Corte Federal de Apelaciones, anotó que su dictamen trataba únicamente la apelación de Sells.
"La apelación de Hernández será resuelta por otro panel en una fecha posterior", anotó la Corte en su dictamen del pasado 2 de abril.
En consecuencia, la ejecución se mantiene suspendida, aunque bajo una argumentación que ya fue desechada en el caso de Sells.
Diferentes cortes han rechazado ya otros argumentos quizás más fuertes presentados por los abogados defensores del mexicano de 44 años de edad.
El pasado 31 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar una apelación que argumentaba que Hernández Llanes padece de sus facultades mentales, lo que lo haría inelegible para la aplicación del castigo capital.
Los abogados defensores argumentaron que su coeficiente intelectual era menor a 70 puntos, lo que lo colocaba como un discapacitado mental inelegible para la pena de muerte.
La defensa también sostenía en la apelación que su cliente no recibió una defensa legal apropiada durante su juicio por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, el 15 de octubre de 1997.
El hecho que Hernández Llanes sea otro de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no ha tenido ninguna importancia legal a su favor.
El fallo de la CIJ ordena a Estados Unidos revisar todos estos casos, dado que en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías como ciudadanos extranjeros.
Texas se ha negado en forma reiterada a acatar la orden de la CIJ y en pleno desafío al derecho internacional ya aplicó la pena de muerte a tres mexicanos enlistada en el fallo de ese tribunal, el último de ellos, Edgar Tamayo, el pasado 22 de enero.
Hernández Llanes recibió la fecha de ejecución en enero pasado tras haber agotado sus recursos ante las cortes federales y estatales.
Al mexicano sólo le queda como opción apelar a que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, emita antes de este miércoles una recomendación al gobernador Rick Perry para que se posponga su ejecución, algo que se ve altamente improbable.
La junta sólo ha emitido en los últimos 15 años un par de recomendaciones de posposición de ejecuciones.
Hernández Llanes, trabajaba para Lich, como ayudante cuando irrumpió en la casa del ranchero de 49 años de edad y lo mató a golpes con una barra de hierro.
Según el reporte de la policía que investigó el homicidio, Hernández ató luego a la esposa de Lich y la violó.
El crimen despertó la indignación de los residentes del Condado de Kerr, un área rural escasamente poblada, de forma que los abogados defensores de Hernández promovieron que su juicio fuera trasladado a otra jurisdicción para que se pudiera elegir a un jurado que no estuviera influido por el incidente.
El proceso contra Hernández fue trasladado al condado de Bandera, donde en 2000 un jurado lo declaró culpable de homicidio capital y lo sentenció a la pena de muerte.
Los miembros del jurado deliberaron sólo cinco minutos para sentenciarlo al castigo capital.
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