Genoveva Ortiz
Cerca de 70,000 niñas y niños son víctimas de trata en nuestro país, según un diagnóstico realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Secretaría de Gobernación, Segob, señaló Laura Vargas Carrillo, directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF.
Al participar en la inauguración del Foro de Análisis y Reflexión en torno a la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes en México, dijo que dada su posición geográfica y situación económica, nuestro país enfrenta un gran desafío respecto a la trata de personas porque lastima profundamente los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior precisó, la prevención, atención y erradicación de ese flagelo es una prioridad para el Presidente Enrique Peña Nieto, observada en el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado México en Paz que señala, que para alcanzar la paz, se debe comenzar por prevenir la violencia ejercida contra y la infancia y adolescencia.
La directora general del DIF precisó que con base en la directriz de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del organismo, Angélica Rivera de Peña, la tarea fundamental de dicha institución es garantizar a niñas, niños y adolescentes el cumplimiento de todos sus derechos, de tal forma que puedan crecer en un ambiente sano para desarrollarse, mejorar su calidad de vida y bienestar.
Más adelante, refirió que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2012, se ha identificado como la principal modalidad, la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual las mujeres están en un mayor grado de vulnerabilidad.
En este contexto dio a conocer que en el DIF a través del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, se promueven acciones tendientes a la prevención y atención de la explotación sexual infantil. Informó que durante el ejercicio 2013 los sistemas estatales DIF realizaron en 265 ciudades de 22 entidades federativas, 35 campañas locales y más de cuatro mil eventos en los que participaron al menos, 155,000 niñas, niños y adolescentes y más de 42,000 adultos.
Asimismo, refirió que en materia de atención se protegió a 209 infantes y adolescentes, víctimas de explotación sexual infantil y a 2,474, en riesgo.
Laura Vargas Carrillo, precisó que instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, tienen el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar a los responsables de esos delitos, así como generar modelos de intervención oportuna, porque toda omisión, señaló, constituye una violación a los derechos humanos, las libertades de las víctimas y la anulación de su pleno disfrute.
Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la trata de personas es una de las peores formas contemporáneas de explotación, por lo que el Estado debe conjuntar todos sus esfuerzos para erradicarla; e hizo un reconocimiento al Sistema Nacional DIF, por su papel relevante para atender la problemática de la trata.
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, aseveró que las instituciones son quienes tienen la obligación de asegurar que las políticas públicas respondan a tan compleja problemática; y subrayó que la erradicación de la trata demanda acciones inmediatas con visión interdisciplinaria, multisectorial y de género.
Cruz Sánchez manifestó que el combate a la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes debe incorporar aspectos de identificación y protección de las víctimas, además de fortalecer la procuración e impartición de justicia.
La presidenta del Inmujeres señaló que debe combatirse este delito y denunciarlo con voz firme, así como exigir su erradicación y sanciones ejemplares para quienes trafican y explotan a infantes y adolescentes.
La trata, enfatizó, es un delito desalmado, inhumano, gravísimo; está íntimamente relacionado con grupos sociales bárbaros que se constituyen bajo esquemas de dominación de unos cuantos sobre los más vulnerables; grupos que no reconocen ni respetan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los cuales operan gracias a complicidades, incluyendo la del silencio y la omisión.
Al Foro de Análisis y Reflexión en torno a la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes en México, asistieron también, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión Contra la Trata de Personas; Nelly Montealegre Díaz, de la fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación.
Al participar en la inauguración del Foro de Análisis y Reflexión en torno a la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes en México, dijo que dada su posición geográfica y situación económica, nuestro país enfrenta un gran desafío respecto a la trata de personas porque lastima profundamente los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior precisó, la prevención, atención y erradicación de ese flagelo es una prioridad para el Presidente Enrique Peña Nieto, observada en el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado México en Paz que señala, que para alcanzar la paz, se debe comenzar por prevenir la violencia ejercida contra y la infancia y adolescencia.
La directora general del DIF precisó que con base en la directriz de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del organismo, Angélica Rivera de Peña, la tarea fundamental de dicha institución es garantizar a niñas, niños y adolescentes el cumplimiento de todos sus derechos, de tal forma que puedan crecer en un ambiente sano para desarrollarse, mejorar su calidad de vida y bienestar.
Más adelante, refirió que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2012, se ha identificado como la principal modalidad, la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual las mujeres están en un mayor grado de vulnerabilidad.
En este contexto dio a conocer que en el DIF a través del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, se promueven acciones tendientes a la prevención y atención de la explotación sexual infantil. Informó que durante el ejercicio 2013 los sistemas estatales DIF realizaron en 265 ciudades de 22 entidades federativas, 35 campañas locales y más de cuatro mil eventos en los que participaron al menos, 155,000 niñas, niños y adolescentes y más de 42,000 adultos.
Asimismo, refirió que en materia de atención se protegió a 209 infantes y adolescentes, víctimas de explotación sexual infantil y a 2,474, en riesgo.
Laura Vargas Carrillo, precisó que instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, tienen el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar a los responsables de esos delitos, así como generar modelos de intervención oportuna, porque toda omisión, señaló, constituye una violación a los derechos humanos, las libertades de las víctimas y la anulación de su pleno disfrute.
Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la trata de personas es una de las peores formas contemporáneas de explotación, por lo que el Estado debe conjuntar todos sus esfuerzos para erradicarla; e hizo un reconocimiento al Sistema Nacional DIF, por su papel relevante para atender la problemática de la trata.
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, aseveró que las instituciones son quienes tienen la obligación de asegurar que las políticas públicas respondan a tan compleja problemática; y subrayó que la erradicación de la trata demanda acciones inmediatas con visión interdisciplinaria, multisectorial y de género.
Cruz Sánchez manifestó que el combate a la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes debe incorporar aspectos de identificación y protección de las víctimas, además de fortalecer la procuración e impartición de justicia.
La presidenta del Inmujeres señaló que debe combatirse este delito y denunciarlo con voz firme, así como exigir su erradicación y sanciones ejemplares para quienes trafican y explotan a infantes y adolescentes.
La trata, enfatizó, es un delito desalmado, inhumano, gravísimo; está íntimamente relacionado con grupos sociales bárbaros que se constituyen bajo esquemas de dominación de unos cuantos sobre los más vulnerables; grupos que no reconocen ni respetan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los cuales operan gracias a complicidades, incluyendo la del silencio y la omisión.
Al Foro de Análisis y Reflexión en torno a la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes en México, asistieron también, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión Contra la Trata de Personas; Nelly Montealegre Díaz, de la fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación.
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