J. Adalberto Villasana
El bullying no se resolverá confinando a menores de edad en cárceles, aseguró la diputada federal Verónica Juárez Piña, quien resaltó que el problema se debe atender de manera interdisciplinaria.
Se equivocan quienes proponen castigar el bullying con cárcel, enfatizó.
Apuntó que: "El asunto no es de fácil solución, porque el tema se tiene que enfrentar desde todos los espacios de convivencia de las niñas, los niños y los adolescentes, empezando desde el entorno familiar, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación".
La legisladora que preside la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados consideró que habrá que pensar en la creación de un apartado en los libros de educación cívica que atienda, informe y eduque a los niños y niñas en el respeto a sus compañeros.
Consideró que este fenómeno social requiere el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para atacarlo desde raíz.
Juárez Piña dijo que el primer paso que se debe dar es el de la prevención, pero en los casos en los que se detecte un problema de acoso escolar de inmediato se deben implementar acciones para identificar cuáles son los motivos y las causas que lo generaron, y si la conducta del alumno obedece a otras razones se requiere brindarle de manera inmediata la ayuda psicológica pertinente.
En ese mismo ánimo, a efecto de garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia, la legisladora perredista presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley General de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta surge con el fin de poder abordar el problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de manera integral, contemplando todos los entornos en la que la misma puede producirse y a la vez, facilitando instrumentos jurídicos que permitan su prevención, erradicación y combate.
Consideró que este problema se debe atender de manera interdisciplinaria, donde no sólo participe la Secretaría de Educación Pública, sino otras dependencias como las secretarías de Gobernación y de Salud, instituciones públicas y privadas, académicas y académicos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, y por supuesto el Congreso de la Unión donde se parta de estudios y diagnósticos.
Incluso, apuntó, habrá que pensar en la creación de un apartado en los libros de educación cívica que atienda, informe y eduque a los niños y niñas en el respeto a sus compañeros.
Señaló que un ejemplo claro de la violencia generalizada a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes, se manifiesta particularmente en las televisoras, en cuya programación manejan un amplio contenido de violencia, que en muchas ocasiones imitan las niñas y niños, por ello consideró que se equivocan quienes proponen castigar el bullying con cárcel.
La diputada perredista mencionó como un paso importante que las autoridades educativas de las 31 entidades federativas firmaran un convenio de coordinación para facilitar el combate a la violencia en las escuelas, así como el impulso de 15 acciones inmediatas para la atención de este tema, en todos los planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
En dicho documento, propuso, "se podría incluir el desarrollo de campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social y elaborar estudios nacionales, estatales y regionales respecto del problema de la violencia escolar para identificar escuelas con mayor incidencia y proponer soluciones".
Así también, saludó las iniciativas sobre el tema que han sido propuestas por la sociedad civil, al tiempo que consideró que es necesario unificar y coordinar esfuerzos.
"Es responsabilidad del Estado, de las madres, padres y tutores, profesoras y profesores, las escuelas, así como de la sociedad en conjunto, con la participación de niñas, niños y adolescentes respetar y garantizar los derechos de éstos y éstas consignados en la Constitución.
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