Patricia Carrasco
La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó la existencia de un total de 2,105 averiguaciones previas iniciadas en el país por el delito de trata de personas, en el periodo de 2009 al primer semestre de 2014; de ellas, 1,412 corresponden a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas y 693 a la PGR; 407 de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, 176 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y 110 de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
En materia de trata de personas, el grado de impunidad es alarmante, ya que de las 2,105 averiguaciones previas registradas, tan sólo 756 derivaron en una consignación ante un juez: 136 del fuero federal y 620 del fuero local.
Se tiene registro de 152 sentencias condenatorias (9 en el fuero federal, 143 en el local); esto implica que, de las 2,105 averiguaciones previas iniciadas en el país, únicamente 7.2 por ciento ha derivado en una sentencia condenatoria.
Chiapas y el Distrito Federal son las entidades federativas con mayor número de sentencias condenatorias, ya que concentran 46.7 por ciento de condenas; las sentencias dictadas en los estados de Sonora, Puebla y Estado de México equivalen a 26.3 por ciento del total, lo cual significa que estas cinco entidades concentran el 73 por ciento de las sentencias.
El 77.5 por ciento de las víctimas identificadas es de nacionalidad mexicana, y el 15.4, extranjera; en 7.1 por ciento de los casos se ignora la nacionalidad.
El mayor número de las víctimas extranjeras proviene de Centroamérica; no obstante, se identificaron víctimas procedentes de 33 países distintos.
En materia de trata de personas, el grado de impunidad es alarmante, ya que de las 2,105 averiguaciones previas registradas, tan sólo 756 derivaron en una consignación ante un juez: 136 del fuero federal y 620 del fuero local.
Se tiene registro de 152 sentencias condenatorias (9 en el fuero federal, 143 en el local); esto implica que, de las 2,105 averiguaciones previas iniciadas en el país, únicamente 7.2 por ciento ha derivado en una sentencia condenatoria.
Chiapas y el Distrito Federal son las entidades federativas con mayor número de sentencias condenatorias, ya que concentran 46.7 por ciento de condenas; las sentencias dictadas en los estados de Sonora, Puebla y Estado de México equivalen a 26.3 por ciento del total, lo cual significa que estas cinco entidades concentran el 73 por ciento de las sentencias.
El 77.5 por ciento de las víctimas identificadas es de nacionalidad mexicana, y el 15.4, extranjera; en 7.1 por ciento de los casos se ignora la nacionalidad.
El mayor número de las víctimas extranjeras proviene de Centroamérica; no obstante, se identificaron víctimas procedentes de 33 países distintos.
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