Los ataques armados que policías municipales y pistoleros emprendieron la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre del año en curso, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" —de Ayotzinapa, Guerrero— dejaron un saldo de seis muertos (uno de ellos, desollado), 67 desaparecidos y 22 heridos; de los cuales uno presenta muerte cerebral y otros dos condiciones graves, según los primeros informes de prensa. La información disponible indica que los muchachos estaban realizando actividades de boteo.
Estos no son hechos aislados: el 12 diciembre de 2011 fuerzas policiales mataron arteramente a dos estudiantes de la misma Normal cuando se manifestaban en la Autopista del Sol; el 7 de enero de 2012, un tractocamión atropelló a cinco estudiantes, de Ayotzinapa, que realizaban las mismas actividades en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Dos de ellos murieron. Hasta el momento estos hechos siguen en la impunidad.
Las normales rurales, herencia de la Revolución Mexicana, y principal medio de movilidad social para muchos jóvenes del campo, han estado en la mira de autoridades educativas y funcionarios de todos los niveles, incluyendo dirigentes del SNTE. Pero esta política ha generado acorralamiento y satanización contra estos centros de estudio y sus integrantes; con eso se ha dado paso a la violencia y al asesinato de estudiantes. La Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad de pronunciarse y actuar decisivamente en contra de esta violencia, ya institucionalizada, sobre todo en la víspera de un aniversario más del asesinato masivo de jóvenes en Tlaltelolco.
Los estudiantes y las personas que se manifiestan, no importa el subsistema o la institución a la que pertenezcan, no dejan de tener derechos elementales a la vida, la integridad personal y a una activa protección contra agresiones. Hacemos un llamado a las autoridades de las instituciones educativas públicas y privadas a que rechacemos y denunciemos cualquier tipo de agresión contra estudiantes e integrantes de nuestras comunidades educativas.
Como universitarios y ciudadanos de este país exigimos que las autoridades del Estado pongan un alto a la violencia contra estudiantes y castiguen a los asesinos, así como a funcionarios estatales y municipales que hayan incurrido en actos de omisión o encubrimiento.
Publicar un comentario