Arturo R. Pansza
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una serie de recomendaciones en torno al derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, como es el crear un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa Grupo México, con un monto inicial de 5,000 millones de pesos, como mecanismo compensatorio que detone el potencial de desarrollo que la empresa ha impedido, además del fideicomiso de 2,000 millones de pesos que anunció recientemente el gobierno federal.
Durante la sesión del recinto deliberativo de San Lázaro, se suscribió en sus términos el informe de la Comisión Especial de la Cámara Baja en torno al daño ocasionado al medio ambiente por dicho derrame, así como sus recomendaciones al respecto, con la aclaración de que el fondo deberá comprender los aspectos de salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas para la reactivación económica y social de Sonora.
Ese informe que se puso a consideración del pleno, fue presentado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, luego de recibirlo de la comisión en referencia, la cual decidió que el fideicomiso deberá tener un enfoque "preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la población, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental afligido".
El fideicomiso contará con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una serie de recomendaciones en torno al derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, como es el crear un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa Grupo México, con un monto inicial de 5,000 millones de pesos, como mecanismo compensatorio que detone el potencial de desarrollo que la empresa ha impedido, además del fideicomiso de 2,000 millones de pesos que anunció recientemente el gobierno federal.
Ese informe que se puso a consideración del pleno, fue presentado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, luego de recibirlo de la comisión en referencia, la cual decidió que el fideicomiso deberá tener un enfoque "preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la población, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental afligido".
El fideicomiso contará con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada.
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