El ahora gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, está vinculado con una célula del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que ha cometido secuestros en diversas partes del país y también con la guerrilla colombiana a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó el Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.
Derivado de dichos vínculos, el ahora ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y sucesor de Ángel Aguirre Rivero en la gubernatura de esa misma entidad, fue denunciado el 18 de marzo del 2009 ante la Procuraduría General de la República (PGR) con base a información que las autoridades de Colombia encontraron en una computadora atribuida al ex líder de las FARC, Raúl Reyes.
Dicha computadora fue incautada por el Ejército de Colombia luego de atacar con bombas y artillería pesada un presunto campamento guerrillero que se localizaba en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo del 2008, provocando la muerte de al menos 25 personas, incluyendo cuatro estudiantes mexicanos.
También resultó herida la alumna de la Facultad de Filosofía de la UNAM, Lucía Morett, misma que posteriormente fue acusada por el gobierno de Colombia de estar vinculada a las FARC.
De acuerdo con la organización ciudadana que preside el propio José Antonio Ortega, la elección de Rogelio Ortega Martínez por parte del Congreso de Guerrero representa "una nueva infamia" para los ciudadanos de dicha entidad, ya que a su juicio, el ex funcionario universitario debe ser considerado como un "terrorista y secuestrador".
En este sentido, insistió en que el Senado de la República debe declarar la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, en que se designe a un nuevo gobernador provisional para sustituir a Rogelio Ortega y en que se convoque a elecciones extraordinarias para renovar el Congreso local, los ayuntamiento y para que los guerrerenses elijan a un gobernador libre de vínculos delictivos.
"Constituye una nueva infamia de la clase política de Guerrero el que un terrorista y secuestrador haya sido electo para sustituir a Ángel Aguirre, orillado a renunciar por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 43 personas. "(…) La elección de Rogelio Ortega confirma la inexistencia de poderes legítimos en Guerrero y ratifica la necesidad urgente de que el Senado reconozca esta realidad, nombre gobernador provisional y convoque a elecciones, como hemos venido demandando", sentenció Ortega.
La denuncia del Consejo Ciudadano contra Rogelio Ortega ante la PGR
De acuerdo con la información difundida por el propio Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el nombre de Rogelio Ortega Martínez fue hallado en los archivos de la computadora que el Ejército de Colombia atribuye al fallecido comandante guerrillero de las FARC, Raúl Reyes.
En dichos archivos, supuestamente se menciona que en enero 2002, Ortega Martínez habría solicitado un préstamo de 40 mil dólares a dos personas que el gobierno de Colombia consideraba representantes de las FARC en México, identificadas con los nombres de "Olga Marín" y "Marcos Calarcá".
La versión de la denuncia presentada por José Antonio Ortega, basándose siempre en información del gobierno de Colombia, es que el propio Rogelio Martínez habría ofrecido a las FARC el pago de 100 mil pesos y que la garantía era el pago de un rescate por una persona que había sido secuestrada por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Según la propia denuncia, el ahora Gobernador interino de Guerrero era integrante del ERPI y el préstamo fue autorizado por el entonces número 2 de las FARC "Raúl Reyes", solicitando mayores garantías y nombres de los involucrados. De todo ello, supuestamente existen correos electrónicos que habrían dejado constancia del hecho.
Para sustentar sus acusaciones, José Antonio Ortega Sánchez señala que Rogelio Ortega Martínez formó parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), misma que a la postre se convertiría en la semilla de un grupo guerrillero encabezado por Genaro Vázquez Rojas, quien falleció en 1972 tras un enfrentamiento con el Ejército Mexicano, dando origen a la llamada Guerra Sucia que durante la década de 1970 provocó decenas de desapariciones en Guerrero.
Cabe señalar que el Consejo Ciudadano califica al EPR, al ERPI y hasta al propio Genaro Vázquez como "organizaciones terroristas", a las que acusa de cometer "secuestros y asesinatos.
La denuncia de esa misma organización es que la supuesta víctima de secuestro a la que se hacía alusión es Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López, misma que fue plagiada el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberada el 26 de enero de 2002, tras el pago de un rescate.
Agrega que en septiembre de 2003, la PGR detuvo a una presunta célula del ERPI acusada de secuestrar a varias personas, incluyendo a Luis Ávila Marbán, hecho que sumado a los correos que supuestamente se encontraron en las computadoras del líder de las FARC, Raúl Reyes, vinculan a Rogelio Ortega con el ERPI, con las propias FARC y con el plagio de políticos vinculados al PRI o a familiares de estos.
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