Arturo R. Pansza
En el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se dejó en claro que en la investigación y actuación tanto de autoridades locales como federales, se cometieron irregularidades graves y errores garrafales.
Al respecto, el panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de esa instancia legislativa, notificó que se hizo un análisis de la información remitida por las primeras autoridades que tuvieron contacto con las víctimas de la agresión que también dejó seis personas muertas y varias heridas, entre el 26 y 27 de septiembre pasado.
Ese militante del PAN declaró: "si bien la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento de la investigación de los hechos aún no ha sido concluida, contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Normal Rural.
Resulta que la presentación del informe de la Comisión Especial sobre Ayotzinapa enfrentó a los diputados federales, en una batalla campal en la que se hicieron acusaciones a gritos y las responsabilidades corrieron de un lado a otro del salón de sesiones.
Aprovecharon los representantes populares para acusarse mutuamente de proteger la impunidad que permitió la desaparición de los jóvenes e incluso, la diputada perredista María del Rosario Merlín García, denunció que guardias civiles que buscan a los jóvenes en Guerrero, han encontrado rastros de que por lo menos algunos de los jóvenes están vivos y que han sido movidos con la complicidad de elementos federales.
Anaya Llamas destacó que las autoridades cometieron errores garrafales, como el de no actuar puntualmente, como lo establecen los protocolos internacionales y organismos de derechos humanos, ante la desaparición de los estudiantes, ya que en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas.
Externó su esperanza en que la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas, contribuya a encontrar a los estudiantes y a localizar a los cómplices del caso.
Refirió que en esta acción, estarían involucrados de manera directa funcionarios y policías municipales, así como integrantes del crimen organizado, al tiempo que se pronunció por que la investigación del caso se desahogue a la brevedad, pero se haga a profundidad, sin que sea una resolución "rápida y a contentillo".
Dijo que las acciones que se han ejercido contra las personas señaladas como ejecutores de los hechos, deben completarse con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.
Pidió se establezcan sanciones por omisión a los responsables jerárquicos del caso "y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger, cuando tuvieron noticia de los hechos que sucedían en Iguala".
Además, abundó, se tendrán que imponer penas a quienes pudieron prever los hechos, "conociendo los antecedentes criminales del exalcalde (de Iguala) y de sus familiares".
Notificó que la Comisión Especial buscará reunirse con las víctimas y sobrevivientes del ataque, así como con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y representantes de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras instancias.
Planea también entrevistarse con el equipo argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones del caso y realizar una inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales
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En el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se dejó en claro que en la investigación y actuación tanto de autoridades locales como federales, se cometieron irregularidades graves y errores garrafales.
Al respecto, el panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de esa instancia legislativa, notificó que se hizo un análisis de la información remitida por las primeras autoridades que tuvieron contacto con las víctimas de la agresión que también dejó seis personas muertas y varias heridas, entre el 26 y 27 de septiembre pasado.
Ese militante del PAN declaró: "si bien la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento de la investigación de los hechos aún no ha sido concluida, contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Normal Rural.
Resulta que la presentación del informe de la Comisión Especial sobre Ayotzinapa enfrentó a los diputados federales, en una batalla campal en la que se hicieron acusaciones a gritos y las responsabilidades corrieron de un lado a otro del salón de sesiones.
Aprovecharon los representantes populares para acusarse mutuamente de proteger la impunidad que permitió la desaparición de los jóvenes e incluso, la diputada perredista María del Rosario Merlín García, denunció que guardias civiles que buscan a los jóvenes en Guerrero, han encontrado rastros de que por lo menos algunos de los jóvenes están vivos y que han sido movidos con la complicidad de elementos federales.
Anaya Llamas destacó que las autoridades cometieron errores garrafales, como el de no actuar puntualmente, como lo establecen los protocolos internacionales y organismos de derechos humanos, ante la desaparición de los estudiantes, ya que en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas.
Externó su esperanza en que la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas, contribuya a encontrar a los estudiantes y a localizar a los cómplices del caso.
Refirió que en esta acción, estarían involucrados de manera directa funcionarios y policías municipales, así como integrantes del crimen organizado, al tiempo que se pronunció por que la investigación del caso se desahogue a la brevedad, pero se haga a profundidad, sin que sea una resolución "rápida y a contentillo".
Dijo que las acciones que se han ejercido contra las personas señaladas como ejecutores de los hechos, deben completarse con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.
Pidió se establezcan sanciones por omisión a los responsables jerárquicos del caso "y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger, cuando tuvieron noticia de los hechos que sucedían en Iguala".
Además, abundó, se tendrán que imponer penas a quienes pudieron prever los hechos, "conociendo los antecedentes criminales del exalcalde (de Iguala) y de sus familiares".
Notificó que la Comisión Especial buscará reunirse con las víctimas y sobrevivientes del ataque, así como con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y representantes de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras instancias.
Planea también entrevistarse con el equipo argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones del caso y realizar una inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales
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