Arturo R. Pansza
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer 10 medidas para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, entre ellas, impulsar reformas constitucionales para disolver todas las policías municipales e incluso presidencias municipales coludidas con el crimen organizado, y establecer sanciones a gobernadores y alcaldes que no cumplan con el establecimiento de policías estatales.
De esta manera, anotó, se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista colusión del crimen organizado con las autoridades municipales.
Dijo estar seguro de que la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales será fundamental para reconstruir nuestro estado de derecho en toda la geografía nacional.
Como segunda medida, informó que se redefinirán, con absoluta precisión y claridad, las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno. Y es que, reconoció, "cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie. Desafortunadamente así ocurre con la persecución de varios delitos".
El ejemplo más evidente, citó, es el caso del combate al narcomenudeo, en el que la eficacia del Estado Mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha asumido plenamente su responsabilidad. Además, indicó que el diagnóstico muestra que la reforma sobre narcomenudeo es una de las principales causas de la infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales municipales.
Ante ello, remarcó que la iniciativa de reforma constitucional redefine y da claridad a todo el sistema de competencias en materia penal, "así nadie podrá usar como pretexto el complejo sistema de competencias penales para rehuir sus responsabilidades", advirtió.
Como tercera medida, anunció que este lunes enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para la creación obligatoria de Policías Estatales Unicas, tema en el que, reconoció, "llevamos años debatiendo este tema, este cambio y hasta hoy hemos sido incapaces de ponerlo en práctica. México no puede seguir esperando más".
Otra medida, ordenó al Gabinete de Seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente, a partir del cual se ampliará al despliegue de las Fuerzas Federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán.
También instruyó que se incremente el apoyo de las Fuerzas Federales en los municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Como séptima medida, dijo que impulsará acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia, para los cual, de entrada, aseguró que no habrá prórroga a la fecha límite establecida por el Constituyente mexicano para entrar en vigor los juicios orales en materia penal, como ya lo hicieron los estados de Durango y Puebla.
Otra acción será fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
También, crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética. Y publicar de inmediato el Reglamento de la Ley General de Víctimas, y poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
Y como última acción en este ámbito: integrar el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
Además, observó que otro de los mayores desafíos para asegurar la vigencia plena del estado de derecho, es el combate eficaz a la corrupción.
Por ello, como novena medida, expuso que promoverá con estricto respeto a la división de poderes la pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, que ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de la Unión.
"En primer término, expreso el decidido respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente están debatiendo las diversas fuerzas políticas", expresó.
Entre otros elementos, este innovador sistema incluye esquemas de vigilancia de autoridades por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, para que pueda hacer auditorías, ya no sólo de forma posterior, sino también durante la ejecución del gasto, precisó.
Además, la creación de un tribunal imparcial que impondrá las sanciones administrativas y de un fiscal anticorrupción, nombrado por el Senado de la República, para perseguir penalmente los casos de corrupción. La ciudadanía también contará con mecanismos ágiles para denunciar los hechos de corrupción y lograr que sean sancionados, continuó.
Y para enriquecer este sistema, en este momento también propuso sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción.
Asimismo manifestó su respaldo del Ejecutivo Federal a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.
De manera similar, exhortó a la Cámara de Diputados a analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que le envió hace poco menos de un mes, ordenamiento que asegurará que los recursos destinados a obras públicas se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez, y con apego a las mejores prácticas internacionales.
Como décima y última medida, aseguró que su administración seguirá promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, esenciales en un Gobierno abierto, ante lo cual dijo que se seguirán promoviendo instrumentos que brinden a la ciudadanía los datos y la información pública en formatos útiles y de más fácil acceso.
En ese sentido, indicó haber instruido a la Secretaría de la Función Pública para que desarrolle un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la administración pública federal. De esta manera, cualquier ciudadano podrá conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia federal o de cada empresa que preste sus servicios a la administración pública federal.
"Estas 10 medidas tienen como objeto fundamental fortalecer el estado de derecho en México", repuso el Presidente de México
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