Por primera vez se realizó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y en la Ciudad de México, una audiencia dentro del sistema penal acusatorio, en la que la jueza Nelly Ivonne Cortés Silva, determinó la legal detención de un imputado, y le fijó medidas cautelares, previó a la audiencia en la que resolverá si lo vincula o no a proceso.
En la sede del TSJDF donde tienen sede las salas de juicio oral en materia penal de delitos no graves, el imputado -a quien se le atribuye el delito de homicidio culposo agravado en un hecho de tránsito ocurrido el pasado día 25-, y su defensa, solicitaron duplicidad del término constitucional, por lo que será en una próxima audiencia en la que la impartidora de justicia determine si lo vincula o no a proceso.
Durante esta audiencia inicial, realizada en la sala de oralidad siete, estuvieron el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el presidente del TSJDF, magistrado Edgar Elías Azar, y el procurador general de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza.
Al inicio de la audiencia, la jueza Cortés Silva, investida con su toga, pidió acreditarse a los representantes del ministerio público y a los defensores del imputado, informó que la audiencia sería grabada en audio y video, para quedar a disposición de consulta de las partes en el área respectiva del recinto.
Asimismo, hizo saber al inculpado sobre su derecho a mantener bajo reserva sus datos personales, y le consultó acerca del domicilio que proporcionó para recibir citaciones y notificaciones; le apercibió que, de no ubicarlo, se le tendrá por evadido.
Asistido por dos defensores, le consultó, además, si aceptaba la defensa de los mismos en todos los actos del proceso, y le inquirió sobre si tenía claros todos y cada uno de sus derechos que le asisten.
Se procedió entonces a que el ministerio público alegara a favor de la legal detención del imputado; y no fue deseo de la defensa, en esta parte, hacer alguna manifestación. Una vez escuchado lo anterior por la jueza Cortés Silva, resolvió que la misma estuvo apegada a los lineamientos constitucionales.
En la parte de resolución sobre la vinculación o no a proceso del imputado, la jueza escuchó los alegatos tanto del ministerio público como de la defensa; el ministerio público solicitó la aplicación de medidas cautelares, y la defensa, a su vez, solicitó la duplicidad del término constitucional para que, una vez concluido éste, se determine lo conducente.
Así, el imputado gozará de libertad caucional –previa exhibición de garantía económica fijada por la impartidora de justicia, que asciende a 334 mil pesos-, en espera de la próxima audiencia, la cual se fijó para el próximo viernes.
También se le fijaron como medidas cautelares al imputado la necesidad de dar aviso en caso de salir del territorio del Distrito Federal, y presentarse a firmar a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada 15 días, en tanto termine el proceso.
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