Noel F. Alvarado
Al indiciado se le imputan los delitos de homicidio culposo (diversos III) y lesiones culposas (diversos V), derivados de la explosión ocurrida el pasado día 29 en un hospital de Cuajimalpa.
Asimismo, la impartidora de justicia declaró la legalidad de la detención del imputado, quien durante la audiencia celebrada en la habitación que ocupa en el Hospital General de Balbuena, se manifestó por mantener en reserva sus datos generales.
La juez Bolaños Martínez, además, fijó las siguientes medidas cautelares al imputado: una garantía económica por un millón de pesos, exhibible en un lapso de 48 horas, en cualquiera de las modalidades que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, y vigilancia durante su estancia en el citado nosocomio a cargo de la autoridad de supervisión de medidas cautelares del TSJDF.
El Tribunal tuvo la necesidad de constituirse en ese hospital, dada la incapacidad del imputado para trasladarse hasta el local sede de las salas de audiencia oral del órgano jurisdiccional capitalino, por sus actuales condiciones de salud.
Durante la audiencia estuvieron presentes el menor número de personas, tal como lo dispuso la juez Bolaños Martínez, como medida de protección a la salud y los derechos del imputado, quien convalece en la cama 306. Este contó con la presencia de su esposa y su defensor privado.
La audiencia se realizó con la presencia del ministerio público y un asesor jurídico de las víctimas, así como con colaboradores de la impartidora de justicia y operadores del TSJDF de audio y video, quienes llevaron a cabo la grabación de la misma, tal como lo dispone la ley.
La audiencia comenzó a las 14:03 horas y culminó a las 17:20, y en su desarrollo la juez decretó el receso de una hora.
En las etapas de la audiencia -declaración legal de la detención, vinculación a proceso y medidas cautelares- hubo debate entre el ministerio público y el defensor privado, con intervenciones a cargo del asesor jurídico de las víctimas.
El imputado, en tanto, se reservó su derecho a declarar y renunció al término constitucional para que la impartidora de justicia dictara el auto de vinculación o no a proceso.
Por ello, fue en la misma audiencia en la que la juzgadora resolvió la vinculación a proceso del imputado, luego de argumentar ante las partes su determinación, con base en los alegados presentados.
La juez Bolaños Martínez fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación a cargo del ministerio público
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