J. Adalberto Villasana
Preocupados porque en México el caso Casitas del Sur fue prácticamente clasificado como un asunto cerrado, dejando en la impunidad a los funcionarios que solaparon el tráfico de niños, como parte de una red internacional, activistas de derechos humanos lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reabriera la investigación para evitar que el manto de la impunidad proteja a César Arnulfo Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del DF, y uno de los principales operadores de Andrés Manuel López Obrador.
Motivados por la disposición de la CIDH para reabrir los casos emblemáticos de corrupción o negligencia, los luchadores sociales acudieron a esta instancia internacional a sabiendas que en México habría pocas posibilidades de castigar a los culpables de la red de tráfico de menores.
Se investiga a César Cravioto Romero, porque siendo director general del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, que encabezaba Martí Batres, permitió el funcionamiento del albergue Casitas del Sur, que resultó ser el centro de operación en la venta y tráfico de infantes.
El funcionario no cumplió con su responsabilidad constitucional de verificar el óptimo funcionamiento de este albergue, y por el contrario, extendió recursos públicos para que los administradores de ese lugar continuaran en sus operaciones. La justicia mexicana no lo enjuició a pesar de que su responsabilidad como servidor público lo involucraba en la operación de los albergues, consta en la denuncia.
Según el documento presentado el 23 de junio de 2015 ante la CIDH, César Cravioto otorgó permisos y apoyos materiales al albergue Casitas del Sur en Tlalpan, sin prestar la debida vigilancia para su funcionamiento, lo cual quebrantó la transparencia que debió prevalecer y con su opacidad y negligencia coadyuvó con la desaparición de 15 niños. Hasta el momento, varios niños no han podido ser recuperados.
Las indagatorias que inició la Procuraduría capitalina, permitieron cateos simultáneos en los inmuebles donde operaba Casitas del Sur y de donde se recuperaron 126 niños y niñas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió la recomendación 4/2009 el 20 de abril de ese mismo año, la cual establece no sólo la responsabilidad de la Sedeso, que dirigía Martí Batres, hoy dirigente de Morena, sino también del Instituto de Asistencia e Integración Social, dirigido por Cravioto Romero.
En dicha recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que las tres dependencias violaron los derechos humanos de niñas y niños, por omisión y falta de supervisión de los albergues. Entre los derechos violados destacan: derechos de la niñez, restricción y obstaculización para llevar a cabo las medidas de protección de los menores que se requieren por parte del Estado y el derecho a la seguridad jurídica.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa FDS/T1/238/05/06-RD1 y la Procuraduría General de la República la averiguación PGR/SIEDO/UEITMIO/42/2009. Pese a todas las investigaciones, César Arnulfo Cravioto ahora es diputado electo del partido Morena y al obtener el fuero constitucional alcanzaría la impunidad para seguir burlando a la justicia mexicana.
Como consecuencia de las diferentes indagatorias, se descubrió que la red de tráfico de niños se extendía al interior de la República. Después de seis años de haber sido sustraída del albergue Casitas del Sur, la niña Ilse Michelle regresó con su familia, sin embargo hay 26 casos de pequeños desaparecidos de instituciones relacionadas con Casitas del Sur en Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, encabezada por Perla Gómez, recordó que faltan por recuperar 9 menores desaparecidos del mismo albergue donde se encontraba Ilse Michelle, sin embargo la impunidad aún protege a los funcionarios implicados.
Cabe destacar que César Cravioto compareció el 18 de julio de 2008 ante la Comisión de Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dicho órgano político determinó que su administración se caracterizó por la falta de transparencia en la operación del IASIS y desvío de presupuesto, además de un subejercicio de 80 por ciento.
A los escándalos de César Cravioto se suma el falso título universitario que ostenta, ya que afirma ser licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Iberoamericana, sin embargo el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, no tiene registrada ninguna cédula profesional a su nombre.
El documento ingresado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el cual se reabre el caso Casitas del Sur, refiere en su Capítulo VI, que no puede quedar impune este asunto que conmovió a la sociedad mexicana y exige que las autoridades, tanto de la PGJDF como de la Secretaría de Desarrollo Social del DF y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DF, señalen a los agentes del Estado que cometieron las arbitrariedades como autoridades y sean sancionados
.
Publicar un comentario